Lucía, profesora del nivel de secundaria, fue despedida hace 14 años, convencida de  que fue  de manera injustificada,  acusa al Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) de presunto hostigamiento laboral y de negarse a reinstalarla, pese a lo ordenado por el Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito.

Su caso no es único,  el IEEPO es la instancia estatal más denunciada ante la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) y sólo se ubica después de los ayuntamientos locales, por presuntas violaciones a los derechos humanos, de acuerdo con información del organismo defensor. 

Del 1 de enero de 2018 al 31 de marzo de 2019, el  IEEPO  tiene documentadas  646 quejas por violaciones a derechos ante la DDHPO.

Con base a la estadística de la defensoría, de este total de quejas 499 correspondieron a 2018, de las cuales 131 fueron por cuestiones administrativas, como la retención de pagos, y 368 por agresiones físicas y sexuales a estudiantes. Mientras en el primer trimestre de este año se han contabilizado  147 quejas por violaciones a los derechos a la legalidad, a la educación y al trabajo.

Lucía, docente con casi 25 años de servicio, afiliada a la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), laboraba formalmente en la Secundaria Federal Número 1 José Vasconcelos, ubicada en San Felipe del Agua, al norte de la capital de Oaxaca, pero en el año 2005 le notificaron su destitución sin justificación alguna y sin liquidarla, como lo establece la ley, asegura.

“Fueron diferentes situaciones que pretendieron hacer valer para poder justificar mi separación, fueron actas de abandono de empleo falsas y no me permitían la entrada. No hubo un motivo real”, señala la docente.

Luego de su despido, interpuso una queja contra el IEEPO ante la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), una demanda laboral ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, además promovió dos amparos ante el Tribunal Colegiado en materia administrativa del Décimo Tercer Circuito.

Después de más de una década, platica, los recursos jurídicos empezaron a avanzar y fue el 25 de mayo de 2017 cuando el Tribunal Colegiado ordenó al IEEPO reinstalarla en su mismo centro de trabajo.

 Sin embargo, acusa, hasta hoy  no ha podido tomar posesión de su cargo y el hostigamiento laboral  ha incrementado por parte del director del plantel, Íñigo López Antonio, sin que la dependencia educativa intervenga para dar solución, incluso, ésta misma se ha amparado también.

“No ha completado esta reinstalación, es decir, de darme posesión del servicio docente. Estoy asignada a una escuela, pero no puedo tomar posesión; estoy físicamente, pero no tengo la función que debo de tener porque no me lo ha entregado el IEEPO. Hasta ahorita, el IEEPO está amparado y estamos en el juzgado siguiendo ese amparo”, denuncia.

Según la profesora, en ocasiones puede ingresar a la secundaria y en otras su acceso es negado por el director, además de que a la fecha tampoco le han asignado sus grupos para impartir las clases.

El conflicto alcanzó a su hija, porque a la menor de 15 años le fue negada la reinscripción para segundo grado de secundaria en este mismo plantel de la ciudad de Oaxaca y durante 10 meses estuvo sin iniciar su ciclo escolar.

 Sin embargo, después de otra denuncia, fue en la tercera semana de mayo cuando la estudiante empezó sus estudios correspondientes al segundo grado, a menos de dos meses de que culmine el  ciclo escolar.

“Les parece muy fácil atropellar a los trabajadores para poner a otros”, considera Lucía.

De acuerdo con la DDHPO, las dependencias estatales que encabezan las quejas por violaciones a derechos humanos son los ayuntamientos,  la Fiscalía General de Justicia del Estado, el Tribunal Superior de Justicia, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado   y los Servicios de Salud de Oaxaca.

 Autoridades de la Secretaría de Educación Pública (SEP), del IEEPO  y de la Comisión Política de la Sección 22 del SNTE  han celebrado   una  Mesa Tripartita de Trabajo Educativo para la atención de quejas  administrativas.

EL UNIVERSAL buscó la postura del IEEPO sobre el caso  de la profesora  Lucía, pero  hasta el cierre de edición no  se obtuvo respuesta.

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