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Son las ocho de la mañana. Durante cuatro horas se ha extendido el operativo policíal y ahora los gases lacrimógenos impiden la visión y ahogan a los presentes. Agentes ministeriales catean el edificio sindical ubicado en el centro de la capital y dentro de poco las fuerzas policiales considerarán la zona despejada y bajo control.
Además, la CNDH documentó robos y daños a vehículos particulares, empresas y a inmuebles públicos y privados. La situación generó desempleo, así como afectaciones al comercio, al turismo y un desplome de la inversión.
Durante tres años, el activista acompañó 200 casos de detenciones ante los tribunales, las víctimas estaban acusadas de delitos como ataques a las vías de comunicación, daños por incendio, terrorismo, ataques contra funcionarios públicos, sedición, asociación delictuosa, entre otros.
“Varios años después se logró demostrar que fue un móvil político el que llevó a estas personas a enfrentar un proceso legal, logramos demostrar su inocencia. En todos los casos hay impunidad y no existe todavía en México una política pública eficaz de atención a las víctimas”, señala.
El expediente 2006/2869/4/Q de la CNDH confirma las violaciones a los derechos humanos del magisterio, población en general e incluso de periodistas que cubrieron el movimiento, cometida por autoridades estatales, incluyendo a fuerzas policiales. Asimismo, el 27 de octubre de ese año fue asesinado el periodista estadounidense Brad Will; crimen que no ha sido resuelto.
Según el organismo, se violaron los derechos a la libertad personal, de reunión y de expresión, a la integridad, a la seguridad personal y jurídica, a la legalidad. Y, además, el derecho a la vida.
“Tenemos la verdad, pero faltan tres momentos. La justicia por esta verdad, que implica sanción a los responsables; reparación a víctimas, pues no puede haber justicia sin reparación del daño, y garantías de no repetición por parte del Estado”, explica.
Para el defensor, la verdad se resume en que hubo “uso ilegítimo de la fuerza pública que generó violaciones graves a derechos humanos”, en las que el gobierno estatal y federal estuvieron involucrados. Por esa razón, considera que sólo cambios profundos en el andamiaje institucional y en la relación del Estado con los ciudadanos impedirían que estos sucesos volvieran a repetirse.
“Justicia que llega tarde no es justicia, no tendría que ser normal que la reparación del daño tardara tanto”, dice el ómbudsman, quien espera que haya voluntad del nuevo gobierno para que estos sucesos no queden en el olvido. Lo mismo dicen activistas y docentes, quienes confían que, 13 años después, el presidente Andrés Manuel López Obrador aplicará la ley contra el exgobernador y los expresidentes.
