14 de junio: 13 años sin justicia para las víctimas

Son las cuatro de la mañana del 14 de junio de 2006.  Han pasado 23 días desde que integrantes de la  Sección 22 del  Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) instalaron un plantón en el Centro Histórico de la capital  para exigir al gobierno estatal el cumplimiento de sus demandas laborales.  Los maestros aún duermen, ajenos a que dentro de unos minutos 770 elementos de la Policía Preventiva desmantelarán su campamento y los desalojarán de manera violenta.

Son las ocho de la mañana. Durante cuatro horas se ha extendido el operativo policíal y ahora  los gases lacrimógenos impiden la visión y ahogan a los presentes. Agentes ministeriales   catean el edificio sindical ubicado en el centro de la capital y dentro de poco las fuerzas policiales considerarán la zona despejada y bajo control.

El saldo no fue blanco. El  operativo dejó,  se aceptará después,   detenciones arbitrarias y profesores lesionados, como lo señala el  expediente de la recomendación 15/2007, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

A 13  años, la justicia no ha llegado, denuncian integrantes de la  Sección 22 y organizaciones sociales que  mantienen la exigencia de reparación del daño para los afectados, además de castigo al exgobernador Ulises Ruiz y a los expresidentes Vicente Fox y Felipe Calderón, a quienes señalan como responsables de las violaciones a sus derechos humanos.

 Escala violencia. El uso de la fuerza pública  ese 14 de junio, cuando  gobernaba el priista  Ulises Ruiz, escaló en violencia y sumió a Oaxaca en un movimiento político-social que alcanzaría su punto álgido el  25 de noviembre, cuando se registraron enfrentamientos entre el magisterio, organizaciones sociales y las policías Estatal y Federal; operativos ordenados por el entonces presidente panista Vicente Fox.

  Durante esos seis meses de protestas y barricadas, y   todavía en 2007,   se registraron   30 ejecuciones extrajudiciales, 311 detenciones arbitrarias, 381 lesionados,  248 casos de tortura documentada y  la desaparición forzada de dos personas, según la denuncia presentada en la Corte Internacional de Justicia  de La Haya, apenas en abril de 2019.

Además, la CNDH documentó  robos y daños a vehículos particulares, empresas y a inmuebles públicos y privados. La situación  generó desempleo, así como   afectaciones al comercio, al turismo y  un desplome de  la  inversión.

En todas las detenciones se comprobó la inocencia de profesores, estudiantes, menores de edad y personas simpatizantes con el movimiento, quienes en varios casos fueron torturados, señala Isaac Torres Carmona, presidente de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (LIMEDDH) filial Oaxaca.

Durante tres años, el  activista acompañó  200 casos de detenciones ante los tribunales, las víctimas estaban acusadas de delitos como   ataques a las vías de  comunicación, daños por incendio, terrorismo, ataques contra funcionarios públicos, sedición, asociación delictuosa, entre otros.

“Varios años después  se logró demostrar que fue un móvil político el que llevó a estas personas a enfrentar un proceso legal, logramos demostrar su inocencia. En todos los casos hay impunidad y no existe todavía en México una política pública eficaz de atención a las víctimas”, señala.

El expediente  2006/2869/4/Q de la CNDH confirma las violaciones  a los  derechos humanos del magisterio, población en general e incluso de  periodistas que cubrieron el movimiento, cometida por autoridades estatales, incluyendo a fuerzas policiales. Asimismo, el 27 de octubre de ese año fue asesinado el periodista estadounidense Brad Will; crimen   que  no ha sido resuelto. 

Según el organismo, se violaron los derechos a la libertad personal, de reunión y  de expresión, a la integridad, a la  seguridad personal y   jurídica,   a la legalidad. Y,  además, el derecho a la vida. 

Justicia, aún lejana. Según  José Bernardo Rodríguez, ómbudsman de  Oaxaca, pese a que se trata de un caso paradigmático,   a 13 años del desalojo sólo se ha avanzado en  conocer qué pasó realmente ese 14  de junio,  gracias a las indagaciones de la CNDH, de la SCJN y de la Comisión de la Verdad, instaurada para determinar las violaciones cometidas. Se trata, dice,  del primero de cuatro pasos que llevarían a una reparación integral del daño.  

“Tenemos la verdad, pero faltan tres momentos. La justicia por esta verdad,  que implica sanción a los responsables; reparación a  víctimas, pues no puede haber justicia sin reparación del daño, y   garantías de no repetición por parte del Estado”, explica. 

Para el defensor, la verdad se resume en que  hubo  “uso ilegítimo de la fuerza pública  que generó violaciones graves a derechos humanos”, en las que el gobierno estatal y federal estuvieron involucrados. Por esa razón, considera que sólo cambios profundos en el andamiaje institucional y en  la relación del Estado con los ciudadanos  impedirían que estos sucesos volvieran a repetirse.   

“Justicia que llega tarde no es justicia, no tendría que ser normal que la reparación del daño tardara tanto”, dice el ómbudsman, quien espera que haya voluntad del nuevo gobierno para  que estos sucesos no queden en el olvido. Lo mismo dicen activistas y docentes, quienes confían que, 13 años después,  el presidente Andrés Manuel López Obrador aplicará la ley contra el exgobernador y los expresidentes.