Investiga Fiscalía de Oaxaca probables delitos por lucro con sismo
De acuerdo con la ley, los servidores públicos tiene prohibido desviar recursos públicos que estén bajo su responsabilidad, para su promoción explícita o implícita
La Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de la Fiscalía General de Oaxaca investiga si algún funcionario o representante de elección popular, ha utilizado recursos públicos con fines electorales o en beneficio de un partido político, mediante el otorgamiento de apoyos a las personas afectadas por el sismo ocurrido el pasado jueves 7 de septiembre.
Desde la semana pasada, diputados, senadores, políticos, funcionarios y presuntamente miembros de la Sección 22 del SNTE, han iniciado en el Istmo de Tehuantepec la entrega de despensas a damnificados por el sismo; en algunos casos con logotipo de la asociación que presiden o su propio nombre.
En un comunicado, la dependencia expuso que dentro de las carpetas de investigación iniciadas se efectúan las actuaciones correspondientes para analizar si alguna de las conductas desplegadas se adecuan a las previstas por el artículo 11 fracciones III y IV de la Ley General en materia de delitos electorales.
Dichas normas establecen “que los servidores públicos tiene prohibido desviar recursos públicos que estén bajo su responsabilidad, para su promoción explícita o implícita, con la finalidad de posicionarse frente a la ciudadanía con propósitos electorales; conductas que se sancionan, como lo señala la citada ley, con una pena de doscientos a cuatrocientos días multa y prisión de dos a nueve años”.
Abundó que las carpetas de investigación se iniciaron en atención a diversas imágenes contenidas en notas periodísticas y redes sociales, “donde se aprecia a personas utilizando, en los apoyos brindados a personas afectadas por el sismo en el Istmo de Tehuantepec, logotipos de partidos políticos o promoción personal”.
La Fiscalía General exhortó a partidos políticos, servidores públicos y representantes populares a respetar y observar los principios previstos en los artículos 134 de la Constitución Federal y 137 de nuestra Constitución Local, en el sentido de que los recursos públicos deben administrarse con eficacia, eficiencia, economía, transparencia y honradez, y sin afectar la equidad de la competencia en el proceso electoral.
