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En un comunicado de prensa, la organización que realiza el acompañamiento de esta demanda de la comunidad zapoteca, Proyectos de Derechos Económicos, Sociales y Culturales A. C (ProDESC), informó que la acción legal es la primera en su tipo iniciada por una comunidad indígena de las Américas.
"La empresa firmó contratos y acuerdos, desarrolló procesos paralelos de información y comunicación, contribuyó a la ruptura del tejido social en Unión Hidalgo, afectando el carácter previo, libre informado de la consulta desarrollada por autoridades mexicanas respecto a tal proyecto", señaló.
“Las autoridades mexicanas han fallado en garantizar el derecho al consentimiento de la comunidad. Pero EDF también es responsable y tiene incluso una mayor responsabilidad en contextos de violaciones sistemáticas como México.
Hasta ahora, nadie le había exigido rendición de cuentas por sus actuaciones; la demanda presentada constituye una gran oportunidad para ello. Es tiempo de que EDF cumpla”, señalaron Alejandra Ancheita y Míriam Saage-Maa de ProDESC, y del European Center for Constitutional and Human Rights, (ECCHR).
Al respecto, comuneros y defensores de derechos humanos, de la tierra y el territorio de Unión Hidalgo han hecho público su repudio y exigencia de cancelación definitiva al proceso de consulta del proyecto Gunaa Sicarú, pues señalaron que pretende servir como metodología del Estado mexicano, para “ingerir” la tierra y los recursos naturales.
Y también acusaron la posición omisa de la administración municipal por prestarse a la simulación de las autoridades de la Secretaría de Energía, de la Secretaría del Medio Ambiente, Energías y Desarrollo Sustentable (SEMAEDESO), así como de la paraestatal francesa, y defender con ello sus intereses.
