Firman Fiscalía, Defensoría y organizaciones civiles acuerdo para proteger a defensores de DH
Con más de 15 expedientes en el año por agresiones contra defensores, señalaron fundamental esta estrategia interinstitucional
Oaxaca de Juárez.— A partir de un acuerdo entre la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), la Coordinación para la Atención de los Derechos Humanos del Poder Ejecutivo (CADH) y el Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha AC (Código DH), estas instancias deberán establecer un mecanismo para favorecer la labor de personas defensoras de derechos humanos.
Ante la necesidad de reconocer, proteger y crear un espacio de diálogo interinstitucional a favor de las personas defensoras de derechos humanos en Oaxaca, el pasado 12 de noviembre las instituciones mencionadas firmaron un acuerdo colaboración, para que en el ámbito de sus facultades y atribuciones favorezcan la defensa y promoción de los derechos humanos con acciones y estrategias.
El acuerdo prevé que dichas instancias establezcan un mecanismo para el seguimiento, monitoreo y evaluación de las acciones que se desarrollen de manera conjunta, incentivando la participación amplia de instituciones y organizaciones de la sociedad civil.
Para esto, la oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos en México dará asesoría técnica para el desarrollo de las diversas actividades.
El defensor de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, Bernardo Rodríguez, celebró esta estrategia interinstitucional.
Indicó que las personas defensoras de derechos humanos son fundamentales en la construcción de una sociedad democrática e igualitaria.
Sin embargo, precisó que el trabajo que desarrollan los pone en una situación de riesgo, que implica que las diferentes instituciones del Estado tengan que realizar acciones para protegerlos, "pues cuando se ataca a una persona defensora de derechos humanos, se atacan también a los derechos humanos de las personas que defienden".
Agregó que la Defensoría de Oaxaca ha documentado en los últimos tres años 85 agresiones a personas defensoras de derechos humanos, y en lo que va de 2020 se tiene 15 expedientes abiertos por actos que van desde detenciones arbitrarias, amenazas, tratos crueles, intimidación y hostigamiento.
El fiscal general, Rubén Vasconcelos Méndez, dijo que con este acuerdo la institución que encabeza se compromete a garantizar una atención efectiva a las personas defensoras de derechos humanos víctimas de un delito.
Resaltó la necesidad de crear un mecanismo interinstitucional, con amplia participación de la sociedad civil, que tienda a supervisar el cumplimiento de las medidas de protección.
Durante su intervención, la coordinadora del Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A. C., Sara Méndez Morales señaló que la firma de este acuerdo tiene tres objetivos fundamentales, consistentes en dar cumplimiento a lo establecido en documentos internacionales en materia de personas defensoras de derechos humanos firmados por México.
Y resaltó que este acuerdo tiene una vigencia de un año y una vez evaluado, podrá renovarse.
Por su parte, la embajadora de Noruega en México, Rut Krüger Giverin, quien fungió como testigo de honor, celebró que en Oaxaca se atienda la situación de riesgo que enfrentan las y los defensores de derechos humanos, la cual se ha intensificado en el marco de la pandemia.
Finalmente, la coordinadora de Atención de los Derechos Humanos del Poder Ejecutivo, Norma Reyes Terán celebró el interés y compromiso de todas las personas que intervinieron para la firma de este acuerdo.
Agregó que, las defensoras y defensores de derechos humanos contribuyen de manera esencial a la observancia de los derechos humanos pues actúan como contrapeso de la impunidad.
Por ello, insistió que mediante este acuerdo la institución a su cargo se compromete a gestionar ante las instituciones públicas la atención médica oportuna de las personas defensoras de derechos humanos que sean agredidas en el desarrollo de su labor, así como implementar acciones para el reconocimiento de la labor que realizan las y los defensores de derechos humanos, entre otras.
