Arturo Peimbert deja 2 mil quejas por violación a derechos por resolver
En siete años se han resuelto alrededor de 20 mil casos, afirma visitador general.
En los últimos siete años, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) ha recibido 22 mil 693 quejas acusando violaciones a derechos humanos de los oaxaqueños, cometidas principalmente por autoridades municipales y estatales, de las cuales aún siguen abiertas 2 mil 441.
De acuerdo con el visitador general Juan Rodríguez Ramos, del total de quejas interpuestas entre mayo de 2012 y marzo de 2019 el organismo ha resuelto 20 mil 252. De esos casos, 7 mil 374 expedientes se resolvieron durante el procedimiento de revisión de la denuncia.
“Cuando se comprueba una violación a derechos humanos puede ser susceptible de solucionarse de manera inmediata, es decir, cuando a un niño no le permitían acceso a la escuela, íbamos y se solventaba... sí existía la violación, pero se resolvía en el momento”, explica el visitador.
Otras mil 778 quejas fueron solucionadas a través de propuestas de conciliación, en 2 mil 911 fue necesaria la emisión de medidas cautelares y en 83 se dictaron recomendaciones, principalmente en casos de disputas agrarias, violencia política, tortura en penales y conflictos político-sociales, como el de Nochixtlán.
El 19 de junio de 2016, en Asunción Nochixtlán, municipio de la Mixteca, ocho personas murieron en un enfrentamiento entre policías e integrantes del magisterio y organizaciones sociales.
Según Rodríguez Ramos, el caso fue documentado desde el primer día y el expediente fue entregado a la Comisión Nacional de Derechos Humanos CNDH, que emitió la recomendación 7VG/2017. A casi tres años, asegura que la DDHPO aún da acompañamiento a las víctimas.
“Durante estos siete años, la defensoría también ha resuelto casos de violencia obstétrica y de otros movimientos sociales, como Amoltepec, Eloxochitlán o San Juan Cotzocón, e incluso se comprobó tortura a mujeres privadas de su libertad en Tanivet”, dice.
Los violentadores
Juan Rodríguez Ramos, el visitador general, explica que anualmente la DDHPO emite en promedio 450 medidas cautelares y que en los últimos siete años suman 2 mil 911, 200 de ellas se dictaron por violencia política contra mujeres, integradas en 50 expedientes, en las que, en su mayoría, se acusa los ayuntamientos.
De hecho, los gobiernos municipales, el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), la Fiscalía General del Estado, el Tribunal Superior de Justicia, la Secretaría de Seguridad Pública y los Servicios de Salud son las instancias estatales más señaladas por violaciones.
En el caso del IEEPO, segunda instancia más denunciada ante la defensoría, tan sólo en los primeros tres meses de 2019 se han interpuesto 147 quejas por violaciones al derecho a la legalidad, a la educación y al trabajo.
Esa cifra se suma a las 499 quejas que se acumularon durante 2018, de las cuales 131 fueron interpuestas por cuestiones administrativas, como retención de pagos, y el resto, 368, por agresiones físicas y sexuales a estudiantes.
Entre los temas que la DDHPO tiene pendiente resolver se encuentran quejas por denuncias por violencia política, tortura y violaciones a derechos a la educación y a la salud.
El polémico ómbudsman
Durante estos siete años, la DDHPO estuvo presidida por el defensor Arturo Peimbert Calvo, quien está por concluir su periodo, el cual empezó el 9 de mayo de 2012. Durante su gestión, el ómbudsman no estuvo exento de acusaciones y polémicas.
Peimbert Calvo fue señalado por el exedil de Nochixtlán, Rubén Alcides Miguel Miguel, de entorpecer el proceso de solución del conflicto de 2016, lo anterior porque en el contexto del movimiento el defensor responsabilizó al exmunícipe de una supuesta agresión hacia el profesor Santiago Ambrosio, dirigente del Comité de Víctimas 19 de Junio.
Durante su gestión, organizaciones sociales y comunidades indígenas exigieron recurrentemente que Peimbert Calvo renunciara al cargo. Además, en 2018 cuando la primera Caravana Migrante llegó al país, el ómbudsman oaxaqueño denunció que centroamericanos habían sido plagiados por el crimen organizado, pero las fiscalías estatales no pudieron corroborar la información.
