Hasta agosto de 2019, el organismo ha recibido de padres de familia nueve quejas por el incumplimiento en la reparación de los planteles y la defensoría abrió seis cuadernos de antecedentes por la misma situación.
La situación se complica debido a que ahora, con el nuevo gobierno federal, el recurso está detenido y se prevé que sea entregado directamente a los padres de familia y profesores para la rehabilitación, añade la diputada local Victoria Cruz Villar, integrante de la Comisión Especial de seguimiento al uso y destino de los recursos presupuestales asignados a trabajos de reconstrucción tras los sismos de 2017.
“Con esta nueva administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, el recurso ya no va a llegar a la instancia, sino directamente a las escuelas; entonces, podemos decir que hay un vacío burocrático que está impidiendo que se culminen los trabajos”, señala.
A ello, indica, se suma la falta de transparencia por parte de las dependencias responsables y la contradicción en datos, por lo que las llamaron a informar a la 64 Legislatura local sobre los recursos aplicados. Hasta ahora no han entregado los informes.
La Comisión Especial del Congreso desconoce también la fecha en que concluirá la reconstrucción de escuelas. Hasta inicio de este 2019 se habían rehabilitado mil 250 de las 3 mil 500 afectadas. Además, hay otros 925 planteles escolares afectados en la Costa por el sismo del 16 de febrero de 2018.