Combate a la corrupción, sin recursos para 2019 en Oaxaca
Congreso no asignó presupuesto, pese a que dio autonomía a fiscalía; tiene más de 2 mil investigaciones abiertas y el personal es insuficiente
Los diputados de la 64 Legislatura del Congreso local no asignaron recursos públicos a la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción en el Presupuesto de Egresos de 2019.
Ello, pese a que la anterior Legislatura dotó a esta institución de autonomía administrativa, técnica, gestión y decisión, para investigar y perseguir los delitos por corrupción, así como los cometidos por servidores públicos, conforme al Sistema Estatal de Combate a la Corrupción.
Con ello, dejaría de depender de las decisiones y asignaciones presupuestales del fiscal general Rubén Vasconcelos Méndez.
Pero dicha autonomía financiera no llegó, pues los diputados locales sólo asignaron presupuesto para la Fiscalía General, para el ejercicio fiscal 2019, por un monto de 687 millones 947 mil 182 pesos; mientras que a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción le asignaron recursos por 16 millones 945 mil 808.92 pesos
Atada de manos.
En agosto de 2018, los diputados de la 63 Legislatura reformaron la Ley Orgánica, a fin de que la fiscalía anticorrupción, a cargo de Jorge Emilio Iruegas Álvarez, se auxiliara para el ejercicio de sus facultades en despachos de unidades administrativas, como direcciones, secretaría ejecutiva y agencias de ministerios públicos especializados.
Establecieron que el titular de la fiscalía anticorrupción presentará anualmente al Congreso estatal un informe sobre las actividades sustantivas y sus resultados, el cual será público, de acuerdo a la ley de transparencia.
Estas reformas surgieron a partir de la demanda de Iruegas Álvarez de la asignación de mayor presupuesto público y personal especializado para dar continuidad a las carpetas de investigación que se siguen contra ex funcionarios de la administración pública y de los ayuntamientos.
Actualmente son cerca de 2 mil carpetas de investigación y averiguaciones previas contra ex servidores públicos por probables hechos de corrupción: mil son contra autoridades municipales por probable desfalco de mil millones de pesos y contra ex funcionarios del gobierno del estado por más de 5 mil millones de pesos.
La fiscalía anticorrupción apenas cuenta con 15 ministerios públicos, de los cuales sólo dos están capacitados en la materia y el resto fueron asignados por el fiscal Rubén Vasconcelos, según declaró Iruegas Álvarez. Esta circunstancia ha provocado que 13 agentes de Ministerio Público respondan a las órdenes de Rubén Vasconcelos y no a las de Iruegas Álvarez, como debería ser.
Este personal es insuficiente para consolidar investigaciones contra ex servidores públicos y poder vincularlos a proceso.
