Incumplen entidades Ley General sobre Desapariciones
Aún no se crean los protocolos y las unidades carecen de autonomía. De los 227 casos que se reportan en Oaxaca, sólo se investigan 40
A ocho meses de que entró en vigor la Ley General en Materia de Desapariciones Forzadas y Desapariciones Cometidas por Particulares, aún no se crean reglamentos y protocolos, así como la dotación de autonomía y presupuesto a nuevas instancias que agilicen la localización de miles de víctimas.
De acuerdo con Jannet Carmona Bernal, integrante de Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz), esta ley obliga a los estados a crear fiscalías especializadas, y dotarlas de autonomía y presupuesto; también prevé un protocolo de investigación, así como la instalación de un sistema estatal de búsqueda y consejos ciudadanos que acompañan las investigaciones.
Hasta la fecha no hay evidencia de que los estados hayan cumplido con todos esos compromisos. A nivel federal, tampoco hay avances en la creación del Protocolo y el Sistema Nacional de Búsqueda, ni sobre el nuevo registro de personas desaparecidas en México y que debe estar listo para 2019.
“Se borran 10 mil víctimas”
La creación de la ley general sobre desapariciones fue resultado de la presión de cientos de familias y organismos internacionales por los 37 mil desaparecidos que reconoce el Estado mexicano. La cifra, dice la representante de Serapaz, podría ser mayor.
De acuerdo con la activista, a partir sexenio de Felipe Calderón, en 2012, se comenzó a contabilizar a los desaparecidos; sin embargo, en el inicio de la administración de Enrique Peña Nieto se hace un ajuste a las cifras y de un “plumazo” se borraron 10 mil víctimas del registro nacional e inició el nuevo con 12 mil.
“¿Cuáles fueron los criterios que usaron para bajar a esas 10 mil personas?, el registro oficial es deficiente, por eso pensamos que la cifra podría ser mucho mayor”, apunta Carmona Bernal.
Del registro de más de 37 mil víctimas, dice, más de 61% de los casos han ocurrido en el sexenio de Peña Nieto; alrededor de 22 mil 938 hasta abril de 2018.
“No hay precisión en el número de desaparecidos y aunque no se busca reducir la problemática a una cifra, los números son reflejo para entender su magnitud”, dice Carmona.
Por este retraso, el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México exige a la Secretaría de Gobernación (Segob) cumplir con los compromisos para la implementación de la ley y para que la Comisión Nacional de Búsqueda dependa de la Segob.
También exige que se garantice la participación de familias en una sesión de la Conferencia Nacional de Gobernadores para avanzar en la implementación de la ley en los estados; que se trace una ruta de trabajo para la construcción de Reglamentos, Protocolos Homologados de Búsqueda, Programas Nacionales de Exhumación y los distintos registros que ésta contempla.
Además, piden que se establezca un mandato para que el Congreso de la Unión y los de los estados emitan una legislación en materia de Declaración Especial de Ausencia por Desaparición.
Oaxaca, 227 casos
En Oaxaca se sabe oficialmente de 227 desapariciones: 123 hombres y el resto mujeres, 46 personas tenían 17 años, mientras que la Unidad Especializada en Desaparición Forzada (UEDF) de la Fiscalía General del Estado sólo indaga 37 casos de desaparición por particulares y tres por desaparición forzada.
No obstante, las cifras no son compartidas por Yésica Sánchez Maya, integrante de Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, quien advierte que su organización ha documentado la desaparición de 317 mujeres.
Por ello, asegura que la UEDF “es una simulación”, pues está ubicada en un espacio que no supera los cuatro metros cuadrados, sólo cuenta con un investigador que carece de autonomía y presupuesto para realizar los trabajos de búsqueda. Además, según la ley, debe constituirse en una fiscalía pero permanece como Unidad. “La impunidad campante prevalece en el estado en la comisión de este tipo de delitos. Tenemos una unidad (la UEDF) incapaz en el trato con las familias y una Defensoría de los Derechos Humanos ineficiente para condenar las desapariciones”, afirma Sánchez Maya.
Agrega que la fiscalía inhibe la acción de las familias, pues les piden desde apoyo para gasolina hasta agua para los encargados de realizar las búsquedas. En la mayoría de los casos, la dependencia renuncia a las labores de búsqueda, politiza los casos y revictimiza a las víctimas, describe.
