El gobierno de Oaxaca confirmó la reestructuración de su deuda con la banca comercial por 12 mil millones de pesos, decreto aprobado la semana pasada por la 63 Legislatura del Congreso de Oaxaca.

“Lo anterior, debido a una apremiante necesidad que se originó a consecuencia de los sismos ocurridos en septiembre del año pasado y que dejaron fuertes afectaciones a viviendas e infraestructura pública, por lo que el gobierno estatal tuvo que gestionar mayores recursos económicos para atender tal situación de emergencia y contribuir a la restauración de los mismos”, manifestó la autoridad estatal.

En un comunicado, indicó que de acuerdo con las modificaciones aprobadas a la Ley Estatal de Derechos, la presente administración estatal buscará las mejores opciones de tasas de interés que las que actualmente tienen los distintos créditos que se tomaron en administraciones pasadas.

Por ello, la Secretaría de Finanzas, en coordinación con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), trabajarán para generar un instrumento financiero que permita reducir el riesgo de pago del estado a las financieras.

“Este instrumento mejorará la calificación de la fuente de pago de los créditos, por lo que la banca deberá ofrecer tasas de interés más bajas que las que actualmente se tienen. De manera parcial la aprobación está considerada hasta por poco más de 12 mil millones de pesos, cifra que cambiaría una vez que los bancos realicen sus propuestas finales al concluir Banobras y el Gobierno del Estado dicho instrumento financiero”, indicó.

Expuso que de esta manera, lo aprobado por el Congreso local, autoriza al gobierno para que los recursos que deriven de los fondos de reserva con que cuentan las operaciones de deuda vigentes a ser refinanciadas, puedan ser destinados al pago de penalizaciones, comisiones y/o primas por pago anticipado (prepago) y costo por rompimiento de fondeo de las mismas.

Asimismo, se autoriza al Ejecutivo del estado para que por conducto de la Secretaría de Finanzas realice el ajuste necesario a las partidas presupuestales correspondientes al ejercicio fiscal 2017 y 2018, para considerar los montos que deban destinarse a la amortización, intereses y servicios derivados de los financiamientos por reestructuración y refinanciamiento de la deuda.

“De acuerdo con estimaciones de Finanzas, se espera concluir con este proceso en aproximadamente cuatro meses, lo que permitirá generar ahorros económicos gracias a la disminución de la tasa de interés y el plazo para su pago, liberando las garantías, y compromisos adquiridos con la banca y colocar al estado en una mejor calificación crediticia”, precisó.

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