Resuelve Tribunal Electoral a favor de mujeres tres casos de violencia política

Se trata de mujeres que no han podido ejercer su cargo en las localidades de Pluma Hidalgo, Santa María Huamelula y San Jacinto Amilpas

Foto: Especial
Estatal 19/02/2018 17:55 Actualizada 10:12

El Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca (TEEO) resolvió a favor tres denuncias interpuestas por mujeres en las que denunciaron violencia política de género en su contra; en uno de los casos, se acreditaron los cinco aspectos que señala el protocolo para atender este tipo de delitos.

En la sesión realizada este lunes, uno de los casos resueltos fue el de María Cruz López en el expediente JDC/137/2017 y en el cual denuncia al presidente municipal de Pluma Hidalgo, Celso Filadelfo Ramírez, por presuntamente impedirle ejercer su cargo como concejal y negarse a pagar sus dietas.

Los magistrados ordenaron el edil abstenerse de causar actos de violencia en contra de María Cruz y así pueda realizar sus funciones en el marco de la cordialidad y respeto, también se le condenó a realizar el pago de dietas adeudadas, convocarla a sesiones de cabildo y otorgarle un espacio físico dentro del palacio municipal.

El segundo caso resuelto fue el de Guadalupe Abad Perea, agente municipal de Santa María Huamelula, quien impugnó la ejecución de actos de violencia política por razón de género, a través de los cuales se le impidió ejercer el cargo para el cual fue electa, y posteriormente fue destituida.

De acuerdo con el TEEO, al analizar el expediente JDCI/159/2017 se declararon fundados los agravios en virtud que configuraron los cinco elementos que refiere el protocolo para atender la Violencia Política contra las Mujeres.

Además, la asamblea en que la destituyeron del cargo no cumplió con los requisitos exigidos conforme al sistema normativo interno de la comunidad, mientras que Guadalupe Abad no contó con el derecho de audiencia.

En ese sentido, los magistrados revocaron las actas de asamblea de 7 de octubre y 7 de noviembre de 2017, por medio de la cual fue destituida, y se ordenó a la Secretaría General de Gobierno, le expida el nombramiento como Agente Municipal de la comunidad.

Un tercer caso fue el de Mónica Morales Bernal, síndica Hacendaria del ayuntamiento de San Jacinto Amilpas. La funcionaria municipal se inconformó que con la decisión del presidente municipal Manuel Xavier García Ramírez, por el nombramiento ilegal de un síndica más en la integración del Cabildo, así como para exigir el pago de dietas.

Por mayoría, confirmaron que el nombramiento de un segundo Síndico municipal contraviene las disposiciones legales, pues el municipio mantiene una población menor a 20 mil habitantes y por tanto sólo puede tener un Síndico; asimismo, ordenó al presidente municipal realizar el pago de las ocho quincenas que se adeudan a Mónica Barrales.

En este caso, sin embargo, los magistrados declararon como infundado el caso de violencia política de género “al no acreditarse los cinco elementos que señala el protocolo para atender la Violencia Política Contra las Mujeres”.

 

 

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