Por riesgo de un nuevo ataque, protegen a María Elena
La saxofonista y su familia están bajo resguardo en un lugar con vigilancia.
Además de la tentativa de feminicidio por su probable responsabilidad en el ataque con ácido cometido en contra de la saxofonista María Elena Ríos Ortiz, al exdiputado local Juan Antonio Vera Carrizal se le imputan cargos por violencia contra la joven y su familia, informó en entrevista con EL UNIVERSAL, Ana Katiria Suárez, a cargo de la defensa de la joven.
La también defensora de derechos humanos indica que el ataque ha dejado “una afectación sico-emocional muy grande para María Elena y su familia” y argumenta que hace falta contemplar a la madre como una víctima directa, pues también tiene lesiones en el cuerpo ocasionadas por el ácido que arrojaron a la joven aquel 9 de septiembre. Pese a ello, hasta el momento no ha recibido ningún tipo de atención médica.
La abogada agrega que se considera que al estar en Oaxaca, María Elena está en un alto grado de riesgo a otro ataque, sobretodo mientras no se cumplan las órdenes de aprehensión pendientes.
“Este acto de odio se da derivado del rechazo de Malena sobre el inculpado al terminar la relación que tenían. Él, en coacción o en venganza, comete esta tentativa de feminicidio en su agravio. Podría también atentar contra la familia al sentirse perseguido”, advierte.
Ante dicho riesgo, María Elena, junto con su familia, fue trasladada a un lugar protegido, del cual sólo las autoridades competentes tienen conocimiento.
Continúa búsqueda. En días pasados, Vera Carrizal, contra quien existe una orden de aprehensión, difundió desde el anonimato un audio “amoroso” de María Elena hacía él, tratando de diluir su responsabilidad en los hechos.
Al respecto, la defensora indica que “la única intención y efecto es seguir revictimizando a María Elena y generar un mensaje de poderío, al actuar de manera presente en el ámbito de Oaxaca”.
A la difusión de los audios se suma la campaña de mensajes de texto que el exdiputado inició en la entidad, para alegar su inocencia.
Durante los días en los que se difundió el material del que la abogada hace mención, la Fiscalía General del Estado (FGEO) y la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) se pronunciaron para llamar a no revictimizar a la joven. Dicho material digital, apunta Suárez, puede servir como herramienta para la geolocalización de su origen y ayudar a dar con el paradero del presunto autor intelectual.
Al ser la víctima quien imputó directamente al presunto autor del ataque, la defensora explica que aunque persistan las campañas para desprestigiarla, la orden de aprehensión y la búsqueda de las autoridades sigue firme.
Lo anterior, dado que los presuntos autores materiales detenidos en diciembre declararon circunstancias de modo, tiempo y lugar en los que fueron contratados por el también empresario para cometer el ataque.
Para refrendar los dichos, se cuenta con mensajes de texto que prueban la relación entre el presunto autor intelectual y los materiales, como resultado de los trabajos de la FGEO.
“Es resultado del trabajo de la fiscalía de Oaxaca. Los avances son los que se han dado a conocer y el pendiente es cumplir con las tres órdenes de aprehensión entre las que se encuentra la de Vera Carrizal”, afirma la abogada.
Ante el impacto mediático del caso, recientemente el Instituto Nacional de las Mujeres y la Comisión de Atención a Víctimas federal se sumaron para apoyar a la joven debido a que Oaxaca no cuenta con una propia instancia que debió garantizar su atención médica desde el día del ataque.
Foto: Especial
El caso también es de conocimiento de la Comisión de Derechos Humanos, que permanece en observación intentando restablecer el Estado de derecho y de resarcir el abandono en el que María Elena y su familia han permanecido estos meses, asegura.
“María Elena está muy deprimida. Ella y su familia sienten contención por el apoyo de quienes hemos comprometido nuestra vocación de representación jurídica y humana, y eso le da un espacio de remanso; sin embargo, no existe algo que aminore el dolor de una víctima por un delito de odio tan grave, al haber perdido la identidad física con la que había vivido 26 años”, concluye la defensora.
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