SCTG y Congreso se declaran incompetentes para sancionar a funcionarios municipales

La Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental (SCTG) y la 64 Legislatura del Congreso del Estado se declararon “incompetentes” para investigar, resolver y sancionar a funcionarios municipales denunciados por presuntas faltas administrativas y actos de corrupción.

Las denuncias son contra servidores públicos de los ayuntamientos de Santo Domingo Tehuantepec, Santa Cruz Xoxocotlán, y Tlacolula de Matamoros.

En el primero de los casos la SCTG recibió la denuncia en contra de la directora de Mercados del ayuntamiento de Santo Domingo Tehuantepec, en la que se le acusa de cobrar derechos de piso de una mesa plancha dentro del mercado público y exigen la cancelación de estos cobros por ser indebidos y con nombres incorrectos.

Mientras que la jefa del Departamento de Transparencia del ayuntamiento de Santa Cruz Xoxocotlán, Ana Rodríguez Gascón, presentó una queja ante la dependencia estatal en contra de varios servidores públicos de este ayuntamiento por hechos u actos que pudieran derivarse en faltas administrativas

En el tercer caso, la síndico municipal del ayuntamiento de Tlacolula de Matamoros, Francisco Javier González, denunció ante la SCTG que el gobierno municipal incumplió con el expediente de obra “Construcción de un techo de la cancha municipal de usos múltiples de la localidad San Luis del Río, perteneciente al municipio de Tlacolula de Matamoros” y demanda a la dependencia para que requiera al ayuntamiento y que este “cumpla bien” con respecto a esta obra.

La SCTG, en las tres denuncias, se declaró “legalmente incompetente para investigar y resolver el asunto planteado” y declinó la competencia al Congreso del Estado para que en “el ámbito de sus atribuciones determine lo que a su derecho corresponda”.

Estos casos fueron remitidos a la Comisión Permanente Instructora de la 64 Legislatura del Congreso del Estado, la cual detalló que los expedientes tienen su origen en escritos de denuncia presentados ciudadanas en contra de directores de carácter municipal por hechos presuntamente cometidos en su calidad de servidores públicos, así como por la omisión de funciones que la ley les otorga.

Sin embargo, los diputados locales concluyeron que no le está permitido al Congreso del Estado investigar e imponer sanciones administrativas, a través de un procedimiento distinto al de juicio político y administrativo en cuanto a concejales o regidores.

“El Congreso del Estado no tiene atribuciones para iniciar la investigación del procedimiento administrativo por presunta responsabilidad administrativa de los servidores públicos municipales de los ayuntamientos de Santo Domingo Tehuantepec, Santa Cruz Xoxocotlán y Tlacolula de Matamoros”, señalaron.

Según los diputados locales que integran la Comisión Instructora, la autoridad competente para investigar y resolver estos asuntos son los órganos de control interno de cada ayuntamiento, de acuerdo con lo que se establece en el artículo 116 de la Constitución Política de Oaxaca.

Ahí “se establece que las sanciones administrativas a los servidores públicos serán investigadas por los órganos internos de control de los poderes, órganos autónomos y municipios” y que, para el caso de faltas graves, éstas serán resueltas por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado.