“Este proceso de verificación se basa en los reportes que reciben de los supervisores y de otros integrantes del proceso educativo, como las autoridades municipales de los 570 municipios del estado, las autoridades escolares y los comités de padres de familia”, para determinar el número de escuelas donde no hubo clases”, dijo en un comunicado.
Asimismo, hay un plazo máximo de otros 10 días hábiles para que la autoridad educativa o el organismo descentralizado dicten su resolución, “con base en los datos aportados por el probable infractor y demás constancias que obren en el expediente respectivo.”
Agregó que una vez cubiertos los procesos normativos y legales, el IEEPO hará llegar, a través de los mecanismos administrativos establecidos, los informes a la Secretaría de Educación Pública (SEP), instancia responsable de aplicar los descuentos a través del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE).
La institución que encabeza Francisco Ángel Villarreal expuso que se ceñirán en todo momento a lo que marcan los lineamientos legales de la SEP, “evitando actos del pasado que violentaban estas disposiciones, cuando primero aplicaban la sanción y luego aportaban las pruebas... por ello, se devolvía la mayor parte de los descuentos realizados”.
Del 11 al 13 de marzo, la Sección 22, que simpatiza con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, efectuó movilizaciones en la capital y el interior del estado, que comprendieron además del paro parcial de labores educativas, marchas, bloqueos carreteros y a oficinas de gobierno.