En Nochixtlán, “la justicia es dilatoria”: Comité de Víctimas

Hace dos años, los docentes y organizaciones afines al movimiento magisterial bloquearon las principales carreteras que conectan a las regiones de Oaxaca para exigir la abrogación de la Reforma Educativa y la liberación de sus entonces dirigentes sindicales, Rubén Núñez Ginez, Francisco Villalobos y Aciel Sibaja, entre otros, aprehendidos por presunto lavado de dinero.

Las fuerzas de seguridad pública estatal y federal implementaron un operativo para desalojar el bloqueo carretero instalado sobre le carretera federal en el tramo del municipio de Asunción Nochixtlán.

El objetivo del operativo fue retirar los tres bloqueos que se tenían reportados previo al 19 de junio, que impedían la circulación en la supercarretera 135D Oaxaca-Cuacnopalan y en la carretera libre o federal 190.

Durante el operativo hubo disparos de armas cruzados y murieron ocho civiles por los disparos de las policías estatal y federal, heridos de bala y otros con lesiones. La confrontación se prolongó por más de 12 horas y se extendió hasta la capital del estado, donde también había bloqueos carreteros por miembros del sindicato y organizaciones políticas que simpatizan con su movimiento.

Justifican fuerza

La CNDH, en su recomendación, justificó el uso de fuerza letal o armas de fuego durante el enfrentamiento entre habitantes, simpatizantes e integrantes de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) con corporaciones policíacas.

Según la recomendación por violaciones graves emitida por la CNDH, no se pudo determinar quién disparó primero si policías o pobladores, pero si se pudo acreditar que ambos lo hicieron.

Dijo que hubo ocho muertos que tuvieron tres lugares distintos: Asunción Noxhixtlán, Huitzo y Hacienda Blanca y Viguera.  Además, detalló que hubo 174 pobladores heridos de los cuales sólo pudo certificar las lesiones de 75, cuyo resultado arrojó que 30 lo fueron por arma de fuego (29 de ellos en Nochixtlán y uno en Hacienda Blanca y Viguera); cinco por quemadura (todos en Nochixtlán); 34 por contusiones y fracturas (23 en Nochixtlán; tres adultos mayores en Huitzo y ocho en Hacienda Blanca y Viguera) y seis por agente explosivo (cinco en Nochixtlán y uno en Hacienda Blanca y Viguera).

La totalidad de heridos con fracturas y casi la totalidad de heridos por arma de fuego lo fueron en Nochixtlán. Asimismo, 22 de los lesionados por contusiones corresponden a detenidos en Nochixtlán y en Hacienda Blanca. La mayor cantidad de afectados por gas lacrimógeno lo fueron en Hacienda Blanca y Viguera.

Mientras que 25 habitantes resultaron afectados por diversos daños en sus vehículos, casas, locales, cultivos, muerte de animales, quema de comercio. De esos hechos se iniciaron 13 carpetas de investigación, 11 por daños a vehículos y dos por daños a inmuebles.

Asimismo, respecto a daños a oficinas y dependencias de gobierno, se iniciaron 10 carpetas de investigación, cuatro por daños a vehículos por incendio y seis por daños a inmuebles. En total se iniciaron 23 procedimientos penales.

En cuanto a los policías, 106 resultaron lesionados (74 en Nochixtlán, 13 en Huitzo, cinco en Hacienda Blanca y 14 no se pudo conocer el lugar en el que fueron lesionados), casi el 70% lo fueron en Nochixtlán.

De los 106 policías lesionados, sólo se pudo certificar las heridas de 63, cuyo resultado arrojó que cuatro fueron por arma de fuego, todos en Nochixtlán; nueve por agente explosivo; 30 policontundidos con esguince; ocho con contusiones y fracturas; nueve lesionados con quemaduras de segundo y tercer grado; tres no se supo qué tipo de lesión presentaron.

Exigencias incumplidas

La CNDH exigió al gobernador de Oaxaca y a la Comisión Nacional de Seguridad Pública una disculpa pública institucional a las víctimas y sus familiares por las violaciones a derechos humanos cometidas en su agravio y en el de la sociedad, lo cual no ha ocurrido.

Al mandatario estatal también le exigió entre otras cosas, un proyecto de reparación del daño a nivel colectivo que, mediante la aplicación de estrategias de atención colectiva y de medidas transformadoras, restablezcan el tejido social y reparen los daños sufridos por la población de Asunción Nochixtlán.

A la Comisión Nacional de Seguridad Pública la indemnización, atención médica y psicológica de las víctimas; a la PGR, continúe con la debida integración y perfeccionamiento de la Carpeta 51, la cual deberá determinarse en un tiempo razonable, “a efecto de determinar la responsabilidad penal que corresponda en contra de quien o quienes resulten responsables, incluida la cadena de mando y enviar a esta Comisión Nacional las constancias que se requieran para ello” y a la Fiscalía General, coadyuvar con las investigaciones.

Rechazan recomendación

Ambrosio Hernández rechazó la recomendación emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) respecto a los hechos violentos ocurridos el 19 de junio de 2016 por considerarla “viciada” y un intento de deslindar de cualquier responsabilidad al Gobierno Federal.

Según explicó, no aceptan que la CNDH se refiera a los hechos como un enfrentamiento, que tienda a responsabilizar únicamente al gobierno de Oaxaca, que reduzca el número de heridos de bala y que justifique el uso de armas de fuego por las corporaciones de seguridad pública estatales y federales.

“Ellos dicen es que hubo disparos de civiles y que los policías dispararon por instinto porque había disparos. La CNDH no puede justificar eso, porque concretamente le corresponde investigar a la parte penal. En otros asuntos la CNDH dice que no puede señalar algo porque es un asunto penal, y en esto sí se atreve a señalar, casi diciendo que la policía disparó en defensa propia”, dijo.

De la misma manera rechazó las cifras de heridos de bala reportados por el organismo.

El dirigente de la Covic, además, dijo que acreditaron plenamente cuatro casos de tortura y la presencia de francotiradores: “tenemos más de 280 horas de video y más de 800 testimonios grabados”.

Ambrosio Hernández insistió en lo primero que reclaman es justicia, segundo el restablecimiento del tejido social y hasta el último la reparación del daño. Sobre todo, porque está acreditada la responsabilidad del ex gobernador de Oaxaca, Gabino Cué Monteagudo, el ex secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y los titulares de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y de la Policía Federal.

“No vamos a caer en su juego. Ellos quieren que aceptemos la reparación económica del daño para después dejar de investigar y castigar a los responsables; luego, si reclamamos, pretenderán echarnos en cara”, puntualizó.

Según el titular de la Defensoría de las Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), Arturo Peimbert Calvo, las víctimas están tratando de encontrar un mecanismo para que esa reparación se dé en los términos en los cuáles necesitan que se les repare el daño; pero que al mismo tiempo, esto no signifique que el caso o las investigaciones contra los responsables se cancelen.