La propuesta de retirar dichos nombres del recinto legislativo fue presentada el pasado 11 de junio por el Sosa Villavicencio por los actos del exgobernador durante el conflicto político-social que vivió la entidad en 2006 y 2007.
El legislador argumentó que en 2016, según el informe de la Comisión de la Verdad, el exmandatario priista e señalado como responsable de “graves violaciones a los derechos humanos”; además, se señaló a Bulmaro Rito Salinas- entonces Presidente del Congreso Local- como uno de los responsables de la represión a este movimiento social.
El también coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, destacó en su propuesta que en el informe de la Comisión de la verdad se aseguró que durante el conflicto social, el Estado violó el principio de presunción de inocencia, al debido proceso y garantías judiciales, además de que “ejecutó detenciones arbitrarias y tratos crueles inhumanos y degradantes e incurrió en desapariciones forzadas, tortura y ejecuciones extrajudiciales”.
Y agregó que sobre Ulises Ruiz Ortiz pesa el daño patrimonial de 4 mil millones 971 mil pesos, reveladas por 45 auditorías practicadas únicamente respecto del año 2010 por la secretaria de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, Perla Woolrich Fernández.
Respecto a Brito Salinas, el 10 de julio de 2014, agentes estatales de investigación lo detuvieron, acusado del delito de peculado por daño patrimonial en perjuicio del gobierno estatal, precisamente por dichas auditorías.