Los integrantes de la 64 Legislatura del Congreso de Oaxaca aprobaron con 30 votos retirar las placas con los nombres de exgobernador Ulises Ruiz Ortiz y de Bulmaro Rito, funcionario durante su gobierno, de las instalaciones del Poder Legislativo.
La votación se llevó a cabo este viernes en la primera sesión remota que realizan los diputados a causa de la pandemia de Covid-19. De acuerdo con el diputado Horacio Sosa Villavicencio, quien encabeza la Junta de Coordinación Política, la decisión se trata de un acto que muestra que “la justicia y la memoria histórica prevalece en Oaxaca”.
La propuesta de retirar dichos nombres del recinto legislativo fue presentada el pasado 11 de junio por el Sosa Villavicencio por los actos del exgobernador durante el conflicto político-social que vivió la entidad en 2006 y 2007.
El legislador argumentó que en 2016, según el informe de la Comisión de la Verdad, el exmandatario priista e señalado como responsable de “graves violaciones a los derechos humanos”; además, se señaló a Bulmaro Rito Salinas- entonces Presidente del Congreso Local- como uno de los responsables de la represión a este movimiento social.
“En el Palacio Legislativo de San Raymundo Jalpan existen dos placas conmemorativas con el nombre del entonces gobernador Ulises Ruiz Ortiz, y una de ellas junto con la de Bulmaro Rito Salinas. Esto representa una afrenta a la memoria histórica del pueblo, a quienes fueron asesinadas, desaparecidas, torturadas, y al pueblo agraviado”, señaló entonces el presidente de la Jucopo, quien también es hermano de Flavio Sosa, uno de los líderes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), protagonista del conflicto y cuyos integrantes fueron reprimidos.
El también coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, destacó en su propuesta que en el informe de la Comisión de la verdad se aseguró que durante el conflicto social, el Estado violó el principio de presunción de inocencia, al debido proceso y garantías judiciales, además de que “ejecutó detenciones arbitrarias y tratos crueles inhumanos y degradantes e incurrió en desapariciones forzadas, tortura y ejecuciones extrajudiciales”.
Y agregó que sobre Ulises Ruiz Ortiz pesa el daño patrimonial de 4 mil millones 971 mil pesos, reveladas por 45 auditorías practicadas únicamente respecto del año 2010 por la secretaria de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, Perla Woolrich Fernández.
Respecto a Brito Salinas, el 10 de julio de 2014, agentes estatales de investigación lo detuvieron, acusado del delito de peculado por daño patrimonial en perjuicio del gobierno estatal, precisamente por dichas auditorías.