Comerciantes buscan audiencia con Murat para frenar prohibición de vender comida chatarra a niños

Integrantes de 14 cámaras empresariales expresan el rechazo a la modificación a la ley y piden que ésta vuelva a discutirse, ahora se espera poder dialogar con el gobernador

Comerciantes buscan audiencia con Murat para frenar prohibición de vender comida chatarra a niños
Foto: Edwin Hernández
Estatal 19/08/2020 13:03 Fernando Miranda Oaxaca Actualizada 13:03

Cámaras empresariales y de comercio buscan una audiencia con el gobernador Alejandro Murat Hinojosa para pedirle que no publique la adhesión del artículo 20 bis a la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes que fue aprobada recientemente por la 64 legislatura y con la cual quedaría prohibida la venta directa a menores de edad y de productos con alto contenido calórico. 

De acuerdo con Cuauhtémoc Rivera, presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC), tras la entrega de un documento que fue respaldado por 14 cámaras empresariales en el que sus integrantes expresan el rechazo a la modificación a la ley y piden que ésta vuelva a discutirse, ahora se espera poder dialogar con el gobernador. 

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En entrevista con EL UNIVERSAL Rivera explicó que la petición explícita del documento dirigido a Murat Hinojosa y entregado el pasado 10 de agosto, es que esta adhesión no sea publicada en el Diario Oficial del Estado de Oaxaca, con lo cual la ley reformada entraría en vigor. 

El presidente de la ANPEC agregó que a la par de la entrega de dicho documento en la Oficialía de Partes, los empresarios buscan diálogar con el mandatario sobre la medida y los efectos que traerá a los pequeños comerciantes, pues de acuerdo con la ANPEC estos productos constituyen hasta 50% de las ventas de negocios como misceláneas y representarían pérdidas de hasta 100 millones de pesos al día. 

Rivera también denunció que ahora existe otra propuesta en el Congreso oaxaqueño para cobrar un impuesto estatal a productores de azucar, en una especie de Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS). 

“Oaxaca uno de sus productos insignia es el chocolate, el cacao, con esta nueva iniciativa se perjudicará más a gente como productores de azúcar, cañeros, chocoloteros, planificadores... no paran con esa ofensiva que aplaude y aplaude el doctor López-Gatell, ahora empoderado”, cuestionó Cuauhtémoc Rivera. 

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El líder de los pequeños comerciantes reiteró que ante ello las cámaras empresariales de Oaxaca aún buscan un espacio para dialogar con el mandatario ante lo que consideran una “dictadura de Gatell contra los gordos” y “una dictadura de consumo autoritaria”. 

Sobre el avance que ha tenido la legislación oaxaqueña que podría replicarse hasta en 24 estados según la Coparmex, Rivera aseguró que algunos legisladores locales y federales han ido matizando su discurso, limitando la prohibición a las escuelas y sus alrededores, algo que ya está vigente desde 2014 y con lo cual no tienen objeciones, siempre que no se pretenda regular el mercado abierto. 

Respecto al caso particular de Tabasco, que ya se convirtió en el segundo estado del país en avalar la prohibición de venta directa de productos chatarra a menores de edad, sentenció que “el tema es draconiano” por las multas que buscan imponer que van de 90 mil a 180 mil pesos, así como cárcel de hasta tres meses y cierre de los negocios de uno y hasta seis meses.

Sobre ello señaló que las sanciones no corresponde a la dimensión de la economía de esos negocios, y que sólo se deja la puerta abierta para la corrupción de los inspectores municipales. 

“Legislaron con con consigna, con dolo y mala fe. Este tipo de leyes caen por su propio peso. Todo lo que viene de arriba a abajo y no se consulta o pasa por el concenso del pueblo es una acción autoritaria”, advirtió y dijo que “es contradictorio que un gobierno que se precia se tomar decisiones  democráticas, no estén escuchando ni consultando a nadie”.

Lo anterior dijo, porque en este tipo de medidas siempre son los consumidores los afectados y se daña al canal de comercio formalmente establecido, incitando a la informalidad, pues “el consumo no va a desaparecer”.

“Habrá menos control sanitario, más evasion fiscal y se está mandando la señal de que es la unica forma de vender, la informal”.

De afianzarse en otros estados las iniciativas contra los productos procesados, pidió que se legisle en favor de que existan productos menos dañinos, que sean sustentables, pero no en una dirección que afecte al consumo o fomente la prohibición. 

“Es una idea retrógrada para la economía y la salud. Es lavarse las manos porque la obesidad ahí va a quedar y va aumentar”, señaló. 

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El documento que enviaron al gobernador la semana pasada está firmado por las cámaras nacionales de la Industria de la Transformación (Canacintra),  de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados (Canirac), y de la Industria Panificadora y Similares de México (Canainpa).

Así como de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC), la Asociación de Chocolateros del Estado de Oaxaca, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), y la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio , Servicios y Turismo (Concanaco Servytur).

En dicho escrito se asegura que la prohibición generaría una violación directa al artículo 5to. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de libertad de comercio de una actividad lícita, y se afirma que la ley aprobada por los diputados oaxaqueños otorga facultades “discrecionales” a la Secretaría de Salud de Oaxaca para determinar qué productos quedarán prohibidos lo cual genera “incertidumbre jurídica al particular ante la posible discrecionalidad de la medida”.

De acuerdo con la legisladora Magaly López Domínguez, impulsora de la iniciativa, efectivamente el gobernador tiene la capacidad de vetar la publicación de la ley, ya sea parcial o totalmente, pero de ser el caso ésta regresa al Congreso, donde los diputados pueden aceptar o rechazar el veto.  Si los legisladores se mantienen firmes en su decisión y no acatan el veto, la ley vuelve al Ejecutivo, quien está obligado a publicar la ley o de lo contrario, entraría en vigor de forma automática.

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