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En entrevista con EL UNIVERSAL Rivera explicó que la petición explícita del documento dirigido a Murat Hinojosa y entregado el pasado 10 de agosto, es que esta adhesión no sea publicada en el Diario Oficial del Estado de Oaxaca, con lo cual la ley reformada entraría en vigor.
El presidente de la ANPEC agregó que a la par de la entrega de dicho documento en la Oficialía de Partes, los empresarios buscan diálogar con el mandatario sobre la medida y los efectos que traerá a los pequeños comerciantes, pues de acuerdo con la ANPEC estos productos constituyen hasta 50% de las ventas de negocios como misceláneas y representarían pérdidas de hasta 100 millones de pesos al día.
Rivera también denunció que ahora existe otra propuesta en el Congreso oaxaqueño para cobrar un impuesto estatal a productores de azucar, en una especie de Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).
“Oaxaca uno de sus productos insignia es el chocolate, el cacao, con esta nueva iniciativa se perjudicará más a gente como productores de azúcar, cañeros, chocoloteros, planificadores... no paran con esa ofensiva que aplaude y aplaude el doctor López-Gatell, ahora empoderado”, cuestionó Cuauhtémoc Rivera.
Respecto al caso particular de Tabasco, que ya se convirtió en el segundo estado del país en avalar la prohibición de venta directa de productos chatarra a menores de edad, sentenció que “el tema es draconiano” por las multas que buscan imponer que van de 90 mil a 180 mil pesos, así como cárcel de hasta tres meses y cierre de los negocios de uno y hasta seis meses.
Sobre ello señaló que las sanciones no corresponde a la dimensión de la economía de esos negocios, y que sólo se deja la puerta abierta para la corrupción de los inspectores municipales.
“Legislaron con con consigna, con dolo y mala fe. Este tipo de leyes caen por su propio peso. Todo lo que viene de arriba a abajo y no se consulta o pasa por el concenso del pueblo es una acción autoritaria”, advirtió y dijo que “es contradictorio que un gobierno que se precia se tomar decisiones democráticas, no estén escuchando ni consultando a nadie”.
Lo anterior dijo, porque en este tipo de medidas siempre son los consumidores los afectados y se daña al canal de comercio formalmente establecido, incitando a la informalidad, pues “el consumo no va a desaparecer”.
“Habrá menos control sanitario, más evasion fiscal y se está mandando la señal de que es la unica forma de vender, la informal”.
De afianzarse en otros estados las iniciativas contra los productos procesados, pidió que se legisle en favor de que existan productos menos dañinos, que sean sustentables, pero no en una dirección que afecte al consumo o fomente la prohibición.
“Es una idea retrógrada para la economía y la salud. Es lavarse las manos porque la obesidad ahí va a quedar y va aumentar”, señaló.
El documento que enviaron al gobernador la semana pasada está firmado por las cámaras nacionales de la Industria de la Transformación (Canacintra), de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados (Canirac), y de la Industria Panificadora y Similares de México (Canainpa).
Así como de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC), la Asociación de Chocolateros del Estado de Oaxaca, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), y la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio , Servicios y Turismo (Concanaco Servytur).
En dicho escrito se asegura que la prohibición generaría una violación directa al artículo 5to. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de libertad de comercio de una actividad lícita, y se afirma que la ley aprobada por los diputados oaxaqueños otorga facultades “discrecionales” a la Secretaría de Salud de Oaxaca para determinar qué productos quedarán prohibidos lo cual genera “incertidumbre jurídica al particular ante la posible discrecionalidad de la medida”.
De acuerdo con la legisladora Magaly López Domínguez, impulsora de la iniciativa, efectivamente el gobernador tiene la capacidad de vetar la publicación de la ley, ya sea parcial o totalmente, pero de ser el caso ésta regresa al Congreso, donde los diputados pueden aceptar o rechazar el veto. Si los legisladores se mantienen firmes en su decisión y no acatan el veto, la ley vuelve al Ejecutivo, quien está obligado a publicar la ley o de lo contrario, entraría en vigor de forma automática.
