Oaxaca de Juárez.- Maurilio Santiago Reyes, presidente del Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas (Cedhapi), denunció que el Estado mexicano no ha cumplido con las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a favor de las personas desplazadas por la violencia en las comunidades de Guerrero Grande, Mier y Terán y Ndoyonoyuji, del municipio de San Esteban Atatlahuca, en la región Mixteca.
También acusó que el gobierno mexicano ha incumplido con la medida del Comité Contra la Desaparición Forzada de la ONU-AU, en la que ordena la búsqueda de cinco personas víctimas de desaparición tras los hechos violentos.
El abogado recordó que el sábado 23 de octubre del 2021 un grupo armado “integrado por autoridades de la cabecera municipal de San Esteban Atatlahuca”, atacó a vecinos de la comunidad de Guerrero Grande. En esos hechos fueron desaparecidos Marco Quiroz Riaño, Miguel Bautista Avendaño y Donato Bautista Avendaño y asesinado el señor Isidoro Hernández.
Ese mismo día hubo decenas de personas desplazadas por la violencia, entre niños, niñas, adolescentes, mujeres, hombres y personas de la tercera edad.
Posteriormente desapareció la activista ambiental Irma Galindo Barrios, quien es originaria de San Esteban Atatlahuca y fue vista por última vez en la Ciudad de México.
Santiago Reyes advirtió que a pesar de que peritos de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) y personal de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de Oaxaca hizo un levantamiento de restos óseos calcinados encontrados en dos casas quemadas en la comunidad de Guerrero Grande, hasta el momento no ha determinado pericialmente si estos restos pertenecen a los señores Marco Quiroz Riaño, Miguel Bautista Avendaño o Donato Bautista Avendaño.
El 23 de diciembre del 2021, la CIDH emitió medidas cautelares a familias de las comunidades indígenas mixtecas de Guerrero Grande y de Ndoyonoyuji y otros, para proteger los derechos a la vida e integridad física de las familias indígenas de las comunidades antes mencionadas.
Mientras que el 31 de diciembre del 2021, el Comité Contra la Desaparición Forzada de la ONU emitió acción urgente solicitando al Estado mexicano la búsqueda inmediata de los señores Miguel Bautista Avendaño, Donato Bautista Avendaño, Marco Quiroz Riaño, Mayolo Quiroz Barrios y de la señora Irma Galindo Barrios e investigación de su alegada desaparición forzada.
Actualmente se encuentran aproximadamente 25 familias viviendo en el albergue del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), desplazadas de la comunidad de Ndoyonoyuji y que el Estado mexicano se niega a reconocer el estatus de desplazados internos, “viviendo en situaciones precarias sin ningún apoyo de parte del Estado Mexicano”.
Además, hasta el momento no existe ninguna persona detenida de los homicidios, desapariciones y quema de casas, pese a que en el mes de julio del 2022 la fiscalía estatal, en la causa penal 066/2022, emitió orden de aprehensión contra Carlos Reaño Sandoval y Rogelio Bautista Barrios; sin embargo, estos fueron liberados por un Juez de Control al determinar “infundadamente” que la detención había sido ilegal.
