Proyectos extractivos y energéticos violan derechos de pueblos indígenas
Aseguran que se ha agravado el despojo de tierras, impactos ambientales, conflictos sociales, además de la criminalización de la defensa comunitaria
Las organizaciones civiles Educa y Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, entre otras, denunciaron que los proyectos extractivos, energéticos y de infraestructura impulsados por los gobiernos federal y estatal en Oaxaca, agravaron la violación a los derechos de los pueblos indígenas del estado.
Entre las afectaciones o violaciones a sus derechos, explicaron, se encuentran el despojo de tierras, impactos ambientales, conflictos sociales, además de la criminalización de la defensa comunitaria.
Sostuvieron que en Oaxaca se han agudizado de manera alarmante, principalmente por la imposición de este tipo de proyectos, además de la implementación de la Zona Económica Especial en el Istmo de Tehuantepec.
En relación con los proyectos energéticos, se encuentran programados 68 proyectos hidroeléctricos, en los que destaca que en algunos ríos se proyecta la construcción de nueve a 14 presas en un mismo cauce; mientras que el proyecto hidroeléctrico Paso de la Reina en la Costa de Oaxaca, afectaría a 97 mil personas de pueblos mixtecos, chatinos, afromexicanos y mestizos.
De 2006 a 2013, en el Istmo de Tehuantepec se instalaron 24 parques eólicos en los municipios de Juchitán, Asunción Ixtaltepec, Unión Hidalgo, El Espinal y Santo Domingo Ingenio.
Según las organizaciones, los contratos se realizaron en condiciones de desventaja para los propietarios, porque las empresas eólicas se hacen del derecho de posesión de la tierra durante 30 años, con posibilidades de renovarse otros 30; y apropiarse de gran parte de las ganancias generadas por los parques eólicos, al fijar los montos por el pago de la renta de cada hectárea arrendada.
En el caso de proyectos extractivos, dieron a conocer que documentaron el otorgamiento de 322 concesiones mineras en 90 municipios del estado hasta por 50 años. Las concesiones cubren una superficie de 462 mil 974 hectáreas que representan aproximadamente 5% del territorio estatal y las cuales se traducen en 41 proyectos mineros, dos de ellas están en etapa de explotación comercial.
“Cabe destacar que en el proyecto “San José” operado por Fortuna Silver Mines, se han documentado cuatro asesinatos derivados directamente del conflicto minero entre 2010 y 2012, además de ocho personas heridas por arma de fuego en ese mismo periodo. Actualmente, cuatro personas defensoras cuentan con medidas cautelares emitidas por la DDHPO”.
Para las organizaciones, los procesos de negociación contemplados en las leyes energéticas, minera, de hidrocarburos y de Zonas Económicas Especiales, conducirán irremediablemente a la cesión de territorios a empresas; asimismo se establecen “servidumbres legales que restringen el uso y disfrute a los poseedores y propietarios”.
“En los últimos años, las actividades de las industrias tienen preferencia sobre cualquier otro uso o aprovechamiento que se dé a la tierra. Además, ha sido discrecional la información proporcionada a las comunidades en Oaxaca por el gobierno federal, estatal y empresas involucradas, que no informan sobre la escala de los proyectos o los posibles impactos que las actividades generarán en los ámbitos social, político, ambiental y cultural”.
Durante 2016 y 2017, explicaron, el Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos y la relatora especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU visitaron México e hicieron una serie de recomendaciones sobre la responsabilidad del Estado mexicano en materia de protección y respeto a los derechos de los pueblos indígenas.
Ambas instancias argumentaron que el marco legal, político e institucional vigente no permite el reconocimiento efectivo de los derechos a la tierra y territorio, autonomía, libre determinación, participación política, auto-adscripción, acceso a la justicia, cese de la violencia e impunidad, además del derecho a la consulta y consentimiento.
