Por separado, el ex gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz Ortiz, y el ex titular de Liconsa, Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva, fueron denunciados penalmente en la ciudad de México.
Al ex mandatario, ante la Corte Penal Internacional, por delitos de lesa humanidad cometidos contra la población oaxaqueña en los años 2006 y 2007.
Ésta fue presentada por el titular de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, Arturo Peimbert Calvo, quien argumentó que autoridades del sexenio de Ruiz Ortiz son señaladas como responsables de haber conducido políticas públicas en detrimento de los derechos fundamentales de la ciudadanía, “al grado de que al menos uno de esos mandatarios puede y debe ser señalado como responsable por crímenes de lesa humanidad”.
Tras los hechos de 2006, Ulises Ruiz “se caracterizó por recurrir a la violencia sistemática para reprimir a las personas que, haciendo uso de su derecho a la libertad de expresión, cuestionaban la falta de políticas públicas para resolver problemas estructurales como la pobreza, la desigualdad y la falta de transparencia en el gasto público”.
“Para disolver las manifestaciones ciudadanas, por un lado el gobierno recurrió a todo el aparato estatal que encarceló injustificadamente a los inconformes, y por el otro implementó acciones de grupos armados ilegales que se dedicaron a causar terror dentro de la población y a cometer ejecuciones extrajudiciales en contra de los líderes del movimiento.
“Más de 301 personas muertas, tres mil 112 personas detenidas arbitrariamente, dos mil 483 personas torturadas, y por lo menos dos desapariciones forzadas, es el saldo sangriento de los crímenes cometidos en aquel periodo y de los cuales no se conoce ningún presunto perpetrador, ni autoridad sobre quien recaiga una responsabilidad mayor, que haya sido presentado ante la justicia”, acusó.
Por su parte, Benjamín Rojas Bolaños, ex funcionario de Liconsa en Guanajuato, ratificó su denuncia penal ante la Procuraduría General de la República en contra de Héctor Pablo Ramírez Puga, ex titular de ese organismo nacional y actual candidato al Senado de la República por el PRD.
Por ello, acudió a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales, para ratificar su denuncia por la comisión de diversos delitos, entre ellos ejercicio indebido de los recursos públicos, peculado, tráfico de influencia, cohecho y encubrimiento.
