No obstante, organismos civiles dedicados a la defensa de los derechos de las mujeres han manifestado su preocupación, pues para 2020 el gobierno no ha garantizado los recursos para que las agrupaciones que los atienden, puedan garantizar su operación.
La polémica sobre los recursos destinados a los refugios comenzó en febrero pasado luego que el gobierno federal suspendió la convocatoria del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva (CNEGySR) para otorgar financiamiento a estos espacios.
Aunque la convocatoria que contempla la repartición de 346 millones 482 mil 708 pesos a refugios de gobiernos estatales y de organizaciones civiles fue reanudada y la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, Nadime Gasman, garantizó a las integrantes de la Red Nacional de Refugios (RNR) que se ejercería el recurso, para 2020 no hay certezas si volverán a tenerlo.
A diferencia de los refugios gubernamentales que solicitan a las mujeres que empiecen un proceso jurídico, las organizaciones civiles no condicionan la atención con base en una denuncia.
Datos de la Red Nacional de Refugios indican que en México hay 60 refugios, 28 por ciento de gobierno y 72 por ciento manejados por organizaciones de la sociedad civil.
