Usaron datos de trabajadores para maquinar fraude a los SSO

Tres empleados de la empresa Avantires están en prisión por desvíos millonarios; dueño entregó su información, acusan

Germán Tenorio fue detenido el 3 de junio, al igual que Rigoberto Hernández, ex Jefe de la Unidad de Obras, Conservación y Mantenimiento de los Servicios de Salud de Oaxaca. (EDWIN HERNÁNDEZ. EL UNIVERSAL)
Estatal 21/11/2017 11:12 Juan Carlos Zavala Oaxaca Actualizada 11:12

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Empresas fantasmas, pólizas falsas y robo de identidad, así fue como se maquinó el fraude para la construcción de sanitarios ecológicos con recursos públicos que mantiene en la cárcel al ex titular de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), Germán Tenorio Vasconcelos, según revela Eduardo Castillo Cruz, abogado  defensor de una de las personas procesadas por dicho delito.

El 3 de junio, Tenorio Vasconcelos fue aprehendido por reportar infraestructura sanitaria “falsa” por un monto de 100 millones de pesos, a través de contratos con 11 empresas. También fue detenido Rigoberto Hernández, ex Jefe de la Unidad de Obras, Conservación y Mantenimiento de los SSO, y a otras seis personas presuntamente implicadas.

 Castillo Cruz explica  que el fraude está basado en la constitución de sociedades mercantiles que fueron creadas con  el objetivo de “desplazar” los recursos públicos a través de pagos de obra que nunca fueron realizados. De acuerdo con el litigante, para llevar a cabo el fraude se usaron datos personales de trabajadores de empresas privadas, involucrándolos en un delito del que no tenían conocimiento: un desvío millonario.

Silvia Ramírez Ramírez es una de esas personas involucradas. A ella se le acusa de haber adquirido un contrato por más de 4 millones de pesos. Ramírez era empleada de mostrador de la empresa llantera Avantires S. A. de C. V., propiedad de Carlos Eduardo Martínez Tamayo, proveedor del gobierno del estado de Oaxaca.

“Involucraron a dos personas. Entre ellas está Silvia Ramírez, que sin saber y conocer nada de una  sociedad mercantil, supuestamente fue la que firmó el contrato de asignación de obra y que también ella acudió ante notario cuando la nombraron administradora única”, dice Eduardo, el abogado defensor de Silvia.

 La sociedad mercantil a la que se refiere el abogado es la  empresa Construcción ICIBIT, S.A. de C.V., que  fue creada por Leonor Carrasco Hernández y Patricia Castellanos Vásquez el 16 de febrero de 2011 ante el notario público número 94, Rodolfo Morales. Como representante legal de la sociedad mercantil aparece Judith Javier Mesinas, según el documento Volumen 620, Instrumento 29468, del acta constitutiva.

Sobre dicha compañía se  encontró que el protocolo notarial no está fechado, que la empresa sólo  reporta como domicilio fiscal la ciudad de Puebla, donde se verificó que no hay ninguna empresa con ese nombre, y la información del representante legal no coincide con lo asentado por el notario.

La forma en la que se vinculó a la defendida de Eduardo Cruz con dicha empresa fue mediante una acta donde las socias fundadoras le cedieron los derechos a Silvia y a Hortencia Acevedo Sánchez; dicho documento no está firmada ni por Leonor Carrasco ni por Patricia Castellanos. En esa misma  acta  no existen copias de la credencial de elector o huellas dactilares de Silvia. 

Robo de identidad

Es, precisamente, esa supuesta cesión de derechos la que mantiene a Silvia en prisión. Gracias a ella, presuntamente habría podido firmar el contrato de los 4 millones de pesos y cuya mitad de ese monto fue transferida a la cuenta 4051340644 del banco HSBC el 4 de enero de 2013.

“Pero resulta que Silvia nunca realiza ninguna operación ni ante el SAT ni ante el IMSS, robaron su identidad. Alguien, que no era ella, acudió a la Secretaría de Salud a firmar ese contrato”, asegura   el abogado. Por si esas irregularidades fueran pocas, el litigante  explica que quienes maquinaron el fraude accedieron a los recursos con la presentación de una póliza falsa, necesaria para cobrar el anticipo del contrato, equivalente a 2 millones 324 mil 926 pesos.

La transferencia del dinero, dice, se hizo a una cuenta bancaria a lo que sólo tenían acceso el ex titular los SSO, Germán Tenorio, el ex subdirector de Administración y Finanzas, Rafael Pérez Gavilán Escalante, quien fue asesinado en el 2015, y una persona más. Fue de  esta cuenta de la que se transfirió el dinero a la cuenta bancaria de la empresa.

Más casos

Ramírez Ramírez no es la única a  quien le robaron su identidad para concretar el desvío de recursos, afirma el abogado Eduardo Castillo. Entre los detenidos también se encuentra Jaime Tablada Cruz, quien se desempañaba como talachero en la llantera Avantires S. A. de C. V., y Ángel Martínez Carreño, quien trabajó como chofer hasta 2010. El abogado señala  que fue Carlos Martínez Tamayo, dueño de Avantires, quien facilitó los datos de los trabajadores para la constitución de las empresas.

A Ángel Martínez, por ejemplo, presuntamente se le robó su identidad para ponerlo como representante legal de dos empresas  que, según los expedientes 44/2017 y 28/2017, recibieron  4 millones 790 mil 791 pesos y 4 millones 532 mil 653 pesos, respectivamente.

El abogado Castillo Cruz sostiene que la Fiscalía no investigó todas estas irregularidades para dar con quién está realmente detrás del fraude, debido a que tampoco se pidió la declaración de todos los funcionarios implicados. EL UNIVERSAL buscó al empresario Carlos Martínez, pero hasta el cierre de la edición no hubo respuesta.

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