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Lo anterior, después de que un choque entre dos grupos de habitantes de diversas agencias, en el cual uno se dirigía a una asamblea de análisis e información para organizarse de acuerdo a sus normas internas, misma que se llevaría a cabo en Huazantlán del Río.
Los diputados consideraron que estos hechos podrían implicar un ataque directo “y por las vías más brutales” a las capacidades ciudadanas para intervenir en los asuntos de interés público. Por ello los diputados condenaron “la búsqueda de mantener el control social o político a través del terror, aspecto inadmisible en cualquier sociedad que, como la nuestra, aspira a considerarse democrática”.
Según las primeras pesquisas de la fiscalía, entre las víctimas se encuentran 13 hombres y 2 mujeres, cuyos cuerpos presentan contuciones y quemaduras parciales. Hasta el momento se ha identificado a 4 hombres y una mujer.
Para los diputados, existe una responsabilidad del gobierno el estatal dado que la masacre tiene como antecedentes directos otros ataques recientes que implicaron tortura, privación de la libertad y homicidio en contra de habitantes de las agencias de San Mateo del Mar, por lo que señala que la administración estatal tiene la obligación de conciliar, acordar y resolver los conflictos.
Finalmente, el Congreso demandó que, en coordinación con las autoridades federales, se establezcan las condiciones de seguridad necesarias para que “el pueblo ikoots pueda desarrollar su vida de manera armónica, a fin de hacer justicia para castigar a los autores materiales e intelectuales de la masacre”.
