La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) pidió el esclarecimiento de la agresión cometida contra el líder del Frente Popular Revolucionario (FPR) en la Sierra Sur, Tomás Martínez Pinacho.
El lider social fue asesinado el pasado 24 de agosto por un grupo armado en el marco de una serie de protestas efectuadas por dicha agrupación en la capital del estado.
El organismo autónomo en defensa de los derechos humanos hizo un llamado a las autoridades encargadas de la procuración y administración de justicia en el estado para esclarecer, no sólo el reciente atentado contra Martínez Pichardo, sino también el esclarecimiento de las agresiones cometidas contra activistas y personas defensoras de derechos humanos, además de garantizar justicia a las propias víctimas.
En ese sentido, la DDHPO se pronunció por el respeto y reconocimiento al trabajo de las personas defensoras de derechos humanos, activistas, colectivas y líderes sociales, además de alertar que ante el contexto de pandemia por Covid-19, este sector se encuentra doblemente expuesto.
"Hacemos un llamado a las autoridades para esclarecer a la brevedad los casos mediante una investigación exhaustiva, que incluya la posible relación con su labor de defensa de los derechos humanos, y permita llevar a los responsables ante la justicia", señaló la dependencia autónoma
Agregó que la impunidad, las amenazas y agresiones contra quienes defienden los derechos humanos, fomentan la repetición de estos hechos, por lo que solicitó investigarlos de manera pronta y diligentemente, considerando en las investigaciones la labor de defensa de los derechos humanos.
En los últimos tres años, la DDHPO ha iniciado 85 investigaciones relacionadas con agresiones a defensores de derechos humanos, de las cuales 32 corresponden a quejas y 53 a Cuadernos de Antecedentes (CA), siendo las autoridades más señaladas: la Fiscalía General de Justicia del Estado, la Secretaría de Seguridad Pública, ayuntamientos, Servicios de Salud de Oaxaca, y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
Entre enero y el 21 de septiembre de este año, la Defensoría abrió 15 expedientes relacionados con agresiones cometidas contra personas defensoras, siendo las principales quejas las agresiones, omisiones de trato digno y falta de acceso a la salud.
La DDHPO reiteró que las personas defensoras se esfuerzan en promover y proteger los derechos civiles y políticos, así como en lograr la promoción, la protección y el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales.
Reiteró que las personas defensoras de derechos humanos requieren que su derecho constitucional a la libertad de manifestación de ideas sea respetado y protegido en su totalidad, ya que permiten hacer visibles las desigualdades que afectan a la sociedad en su conjunto y dirigir o redirigir las políticas públicas.
Ante ello, el organismo sostuvo que se mantendrá observante de la protección de las y los defensores, activistas, colectivas, dirigentes sociales y líderes de organizaciones, para evitar que se registren agresiones en su contra.
Y pidió a las autoridades de los tres niveles de gobierno adoptar medidas para garantizar un ambiente propicio para el ejercicio de la defensa de los derechos humanos y el activismo social, incluida la protección y la prevención de las agresiones, siendo el combate a la impunidad, la investigación, juzgamiento, así como la sanción de los responsables de las agresiones, las principales medidas preventivas.
En este sentido, la DDHPO reiteró las medidas cautelares dictadas a favor de distintas organizaciones, entre ellas el FPR, al considerar que sus dirigentes e integrantes podrían encontrarse en riesgo tras el ataque armado en el que perdió la vida Martínez Pinacho y otra persona más resultó con lesiones.
