Con AMLO van 14 defensores y periodistas asesinados; tres de ellos, oaxaqueños
Gustavo Cruz Mendoza, Bernardino García Hernández y Óscar Cazorla López son los oaxaqueños asesinados.
La organización dedicada a la protección de los derechos de los defensores y periodistas, Espacio OSC, informó que a casi 90 días de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la violencia contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas ha incrementado de forma alarmante. El organismo contabiliza 14 asesinatos de defensores y periodistas; en esa lista, tres son oaxaqueños.
La lista de activistas y periodistas asesinados está conformada por: Jesús Alejandro Márquez Jiménez, periodista asesinado en Nayarit el 1 de diciembre de 2018. Diego García Corona, periodista asesinado en el estado de México el 5 de diciembre de 2018. Manuel Martínez Bautista, indígena náhuatl, defensor de derechos humanos ejecutado extrajudicialmente en Yahualica, Hidalgo el 24 de diciembre de 2018.
Sinar Corzo Esquinca, defensor de derechos humanos ejecutado extrajudicialmente en Chiapas, el 3 de enero de 2019. Noé Jiménez Pablo, defensor de derechos humanos ejecutado extrajudicialmente en Amatán, Chiapas, el 19 de enero de 2019. José Santiago Gómez Álvarez, defensor de derechos humanos ejecutado extrajudicialmente en Amatán, Chiapas, el 19 de enero de 2019.
Rafael Murúa Manríquez, periodista comunitario asesinado en Baja California Sur entre el 19 y 20 de enero de 2019. Gustavo Cruz Mendoza, defensor de derechos humanos asesinado en Oaxaca el 20 de enero de 2019. Bernardino García Hernández, defensor de derechos humanos asesinado en Zimatlán de Lázaro Cárdenas, Oaxaca el 21 de enero de 2019.
Estelina López Gómez, defensora de tierra y territorio asesinada en la comunidad de Santo Tomás, en Chiapas, el 23 enero de 2019 Jesús Eugenio Ramos Rodríguez, periodista, asesinado en Villahermosa, Tabasco el 9 de febrero Óscar Cazorla López, activista muxe y defensor de los derechos para el colectivo LGBTI, asesinado en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, 9 de febrero
Reynaldo López Salas, locutor de radio asesinado en Hermosillo, Sonora, el 16 de febrero. Samir Flores Soberanes, defensor de derechos humanos y periodista comunitario náhuatl, asesinado en Amilcingo Morelos municipio de Temoac, el 20 de febrero.
“Las descalificaciones en contra de personas defensoras de derechos humanos y periodistas elevan su riesgo dejándolas en condiciones de vulnerabilidad frente a ataques como los que vivió Samir y ahondan más en las condiciones de riesgo que ejercen la labor estas personas, colectivos, comunidades y organizaciones”, señala la organización.
Por ello, argumenta, es necesario que el presidente López Obrador realice declaraciones que no estigmaticen la labor de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas o sugieran que las organizaciones de la sociedad civil actúan incorrectamente o ilegalmente; es necesario que se reconozca la importancia y el papel fundamental de las organizaciones defensoras de derechos humanos y periodistas al fortalecimiento de la democracia, reitera el texto.
En tanto, Espacio OSC señala que dos de las personas asesinadas eran beneficiarias del Mecanismo Federal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, herramienta que ha resultado ineficaz.
Asimismo, exhorta a los órdenes de gobierno a proteger a las personas defensoras de derechos humanos y periodistas desde un enfoque de protección colectiva, brindando las medidas y planes de protección acordes a las necesidades y riesgos de su labor, además a reconocer la importancia de ésta, manifestar que proteger y promover los derechos humanos son acciones legítimas que fortalecen el estado de derecho y la democracia.
Además, precisa que es importante iniciar un diálogo con las organizaciones defensoras de derechos humanos y periodistas a fin de construir una Política Pública Integral en materia de protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas, que aborde los problemas estructurales de la situación de violencia.
Y añade que es importante que en investigaciones de delitos cometidos contra las y los periodistas, las autoridades locales así como la Fiscalía General de la República para que, a través de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) se apeguen a los lineamientos establecidos en el Protocolo Homologado para la Investigación de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión.
