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La lista de activistas y periodistas asesinados está conformada por: Jesús Alejandro Márquez Jiménez, periodista asesinado en Nayarit el 1 de diciembre de 2018. Diego García Corona, periodista asesinado en el estado de México el 5 de diciembre de 2018. Manuel Martínez Bautista, indígena náhuatl, defensor de derechos humanos ejecutado extrajudicialmente en Yahualica, Hidalgo el 24 de diciembre de 2018.
Sinar Corzo Esquinca, defensor de derechos humanos ejecutado extrajudicialmente en Chiapas, el 3 de enero de 2019. Noé Jiménez Pablo, defensor de derechos humanos ejecutado extrajudicialmente en Amatán, Chiapas, el 19 de enero de 2019. José Santiago Gómez Álvarez, defensor de derechos humanos ejecutado extrajudicialmente en Amatán, Chiapas, el 19 de enero de 2019.
Reynaldo López Salas, locutor de radio asesinado en Hermosillo, Sonora, el 16 de febrero. Samir Flores Soberanes, defensor de derechos humanos y periodista comunitario náhuatl, asesinado en Amilcingo Morelos municipio de Temoac, el 20 de febrero.
“Las descalificaciones en contra de personas defensoras de derechos humanos y periodistas elevan su riesgo dejándolas en condiciones de vulnerabilidad frente a ataques como los que vivió Samir y ahondan más en las condiciones de riesgo que ejercen la labor estas personas, colectivos, comunidades y organizaciones”, señala la organización.
Asimismo, exhorta a los órdenes de gobierno a proteger a las personas defensoras de derechos humanos y periodistas desde un enfoque de protección colectiva, brindando las medidas y planes de protección acordes a las necesidades y riesgos de su labor, además a reconocer la importancia de ésta, manifestar que proteger y promover los derechos humanos son acciones legítimas que fortalecen el estado de derecho y la democracia.
Además, precisa que es importante iniciar un diálogo con las organizaciones defensoras de derechos humanos y periodistas a fin de construir una Política Pública Integral en materia de protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas, que aborde los problemas estructurales de la situación de violencia.
Y añade que es importante que en investigaciones de delitos cometidos contra las y los periodistas, las autoridades locales así como la Fiscalía General de la República para que, a través de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) se apeguen a los lineamientos establecidos en el Protocolo Homologado para la Investigación de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión.
