Denuncian impunidad en agresiones a periodistas

La Asociación de Periodistas de Oaxaca (APO) acusó a la Fiscalía General del Estado de garantizar la impunidad de los agresores de periodistas en la entidad, tras denunciar irregularidades en las investigaciones en el caso de Rufino Feria Bautista, reportero del periódico Opinión de Pinotepa Nacional.

En conferencia de prensa, el periodista narró que fue agredido el pasado 30 de marzo por taxistas de ese municipio ubicado en la región Costa de Oaxaca; cuando cubría el enfrentamiento entre estos y un grupo de mototaxistas que disputan el servicio de transporte público concesionado.

Pese a que hay una denuncia interpuesta y existen pruebas fehacientes en videos y fotografías, no hay ningún avance en las investigaciones ni en el castigo contra los responsables. Pero además, ahora ante el Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado, Rufino Feria ahora aparece como el agresor de los transportistas.

““Lo que el ministerio público de Pinotepa hace con mi caso es muy sucio, una arbitrariedad enorme”, declaró.

Detalla que el mismo día en que ocurrieron los hechos interpuso una denuncia ante la autoridad de la Fiscalía del estado en Pinotepa Nacional, número 10583/FCOS/Pinotepa/2019.

La arbitrariedad, explicó, es porque el Ministerio Público desde entonces y hasta la fecha no ha actuado respecto de su denuncia pero sí le ha dado celeridad a otra denuncia, presentada por quienes lo agredieron.

“Ahora resulta que él es el agresor, cuando hay pruebas a pasto de lo contrario. Sin embargo, es la única denuncia que atienden”, agregaron los dirigentes de la APO.

De acuerdo con su declaración, la denuncia del reportero solo le dicen que la enviaron a la Ciudad de Oaxaca a la Unidad Especializada en Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión.

“Es decir, esa “Unidad Especializada” para delitos contra la libertad de expresión sirve pero para lo contrario, para garantizar la impunidad contra quienes violan ese derecho constitucional. Este caso de Rufino Bautista confirma una vez más que la Fiscalía General de Oaxaca trabaja en contra de la libertad de expresión y los periodistas”.

La APO apuntó que no es el único caso para sostener que la Fiscalía a cargo de Rubén Vasconcelos garantiza la impunidad a los agresores de periodistas.

En Oaxaca los presidentes municipales son intocables, precisó, nunca se les llama a cuentas cuando son denunciados por agresiones o amenazas a periodistas. Entre varios ejemplos están lo sucedido con el edil de San Lucas Ojitlán: Aisleth Alcocer Tinoco y Rodolfo Iván Nava Mora del portal de noticias NCA Tuxtepec, fueron agredidos el 25 de julio de 2017 por personal del entonces presidente municipal, Porfirio Ortiz Córdoba.

La denuncia formal se presentó en la mesa 1 de la fiscalía ubicada en la avenida Francisco I Madero, colonia María Eugenia, con el licenciado Edgar Ariel Robledo Cosme. Número de legajo 1949/FTuxb/2017.

“El abogado de los periodistas no pudo avanzar, por esos mismos días el responsable de la Fiscalía en Tuxtepec casualmente tuvo vacaciones, y después la cerrazón fue total. El personal de la Fiscalía de nuevo garantizó impunidad”.

El dirigente de la APO, Cuauhtémoc Blas, expresó que rechazan la ociosa “re legislación” para hacer leyes especiales para protección de los periodistas. “Para proteger a los comunicadores no hace falta repetir leyes que ya están en la Constitución o en los Códigos sino de que éstas se cumplan, que cese la impunidad”, dijo.

Exigió un cese a la impunidad de las agresiones a periodistas porque esta es la que alienta todas las agresiones y transgresiones en la sociedad, no sólo contra los periodistas, sino en todos los sectores sociales.

“Es abrumador el porcentaje de impunidad, el 99.13 por ciento de delitos contra periodistas quedan en esa condición, según el informe Protocolo de la Impunidad en Delitos contra Periodistas de la organización Artículo 19.  Eso abre la puerta a particulares y a miembros de gobiernos, funcionarios, políticos, presidentes municipales, a agredir a periodistas pues saben que es muy remoto recibir castigo por ello. Eso es lo que se debe atender, y no seguir con la farsa de hacer leyes inútiles para simular que se atiende el problema, como siempre”.

Elías Martínez Pérez, asesor jurídico de la APO, mencionó que de varios casos que trabaja puede dar testimonio de la “corrupción galopante” de personal de la Fiscalía que abiertamente retrasan los procesos durante meses y años, es un escándalo, dijo.

Adelantó que el caso del reportero Rufino lo llevara a instancias federales no solo para que avance, sino también para enjuiciar a los “jueces negligentes”..