Se suman 7 entidades a alianza contra megaproyectos de AMLO
Tras anuncio de licitaciones, comunidades buscan hacer frente al despojo de tierras y acusan que el Presidente no brinda información de las obras
Campesinos de siete entidades del país avanzan en la creación de una Alianza Nacional de Pueblos y Organizaciones para enfrentar la “política de despojo” que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador mediante la instrumentación de megaproyectos como el Tren Maya y el Corredor Transístmico.
El asesor de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (Ucizoni), Carlos Beas Torres, dice que los campesinos de Oaxaca, Veracruz, Quintana Roo, Yucatán, Puebla, Morelos y Estado de México están construyendo una “verdadera resistencia” en contra de esos megaproyectos que “sólo van a favorecer a los grandes capitales”.
Apenas el pasado 15 de octubre, al visitar Aguascalientes y reunirse con empresarios de esa entidad, el presidente López Obrador reiteró que su gobierno está por licitar los parques industriales que se construirán a lo largo de la ruta del Tren Transístmico que conecta a los puertos de Salina Cruz, Oaxaca, y Coatzacoalcos, Veracruz.
Al respecto, el asesor del Ucizoni cuestionó que el Presidente informe a los empresarios sobre las particularidades del Corredor Transístmico, pero a los pueblos indígenas se les niegue esa información. Ello, aseguró, demuestra que el proyecto responde a la lógica del capital y es el mismo que, en sus tiempos, quisieron imponer el PRI y el PAN.
Foto: Roselia Chaca
Explicó que al menos 31 pueblos istmeños de Oaxaca y 29 de Veracruz permanecen sin información sobre el proyecto, con sus derechos violentados, pero el gobierno federal “ya anda pregonando que va a licitar 10 parques industriales que nadie sabe en dónde se van a instalar y con el permiso de quién”, porque, insiste, las comunidades todavía no han sido consultadas.
“Contra la política nacional de despojo que significan la operación de los megaproyectos, como el Tren Maya, el Corredor Transístmico, la extracción de gas vía fracking, el Proyecto Integral Morelos que incluye la hidroeléctrica y un gasoducto, las comunidades y organizaciones estamos construyendo la Alianza Nacional de Pueblos y Organizaciones”, advierte Beas Torres.
Al margen de esa organización, indica, las comunidades siguen en resistencia con otros mecanismos jurídicos como los amparos, ya que, argumenta, sin consultas y sin consensos difícilmente las comunidades van a permitir que los parques industriales se asienten en sus territorios, porque lo que éstas saben es que el gobierno pretende despojarles de sus tierras, señala a EL UNIVERSAL.
¿Dónde y cómo?
El dirigente de la Coalición Obrera Campesina Estudiantil del Istmo Movimiento de Liberación (COCEIML), Leopoldo de Gyves de la Cruz, pidió al gobierno federal que antes de cualquier licitación, informe y contextualice a los pueblos sobre las ventajas y desventajas en la eventual operación de los parques industriales.
“¿Qué tipo de parques serán?, ¿dónde se van a instalar de manera particular?, ¿serán inversiones nacionales o extranjeras?, ¿se beneficiarán o perjudicarán los pueblos vecinos?, ¿se pone en riesgo la soberanía del país? Todas esas preguntas debe responder el gobierno federal, porque las consultas han sido limitadas y no hay información detallada”, señala De Gyves de la Cruz.
Recuerda que con la operación de los parques eólicos no hubo consultas, salvo la que autorizó el proyecto de Eólica del Sur, que fue cuestionada, por lo que el gobierno debe informar si se permitirá la presencia del capital extranjero.
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