La 4T "rasura" 5 mil mdp a la reconstrucción de los sismos
Congreso federal asigna 2.8 mmdp a plan de reconstrucción; Oaxaca, la entidad que más recursos recibió en 2019
A más de dos años de los terremotos de septiembre de 2017 que devastaron al menos siete estados del país, para el ejercicio fiscal 2020 la Cámara de Diputados federal aprobó un presupuesto de 2 mil 843 millones 800 mil pesos para el Programa Nacional de Reconstrucción (PNR).
Estos recursos deberán destinarse a atender a la población afectada por los dos sismos de septiembre de 2017 y el de febrero de 2018, con un enfoque de derechos humanos, de conformidad con las declaratorias correspondientes a lo previsto en la Ley General de Protección Civil.
La aplicación y erogación de los recursos que se otorgarán a través de este programa, así como su seguimiento, control, rendición de cuentas y transparencia, se sujetarán a los lineamientos y reglas de operación que emita la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).
De acuerdo con el decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación 2020, de los 2 mil 843 millones 800 mil pesos para este programa nacional, 2 mil 168 millones serán gastados por la Sedatu en reconstrucción y rehabilitación de viviendas; 333.3 millones, por la secretaría de Salud; otros 333.3 millones, por la de Cultura, y 9 millones de pesos, por la de Educación.
Con esta asignación presupuestal, al Programa Nacional de Reconstrucción se le “rasuraron” 5 mil 156 millones 200 mil pesos en comparación con los recursos asignados este 2019, que sumaron 8 mil millones de pesos.
Al comparar ambas cantidades se observa que la reducción de recursos fue de más de 64.4%. Estos 8 mil millones de pesos que el gobierno federal asignó este año a la reconstrucción se ejecutaron en las entidades que resultaron dañadas por los dos terremotos de 2017: el de 8.2 grados, que en el caso de Oaxaca el 7 de septiembre devastó la región del Istmo de Tehuantepec; el del 19, de 7.1 grados de magnitud y que afectó a las regiones Mixteca y Cañada, y el que el 16 de febrero de 2018 golpeó a la Costa con una fuerza de 7.2 grados.
De esos 8 mil millones de pesos, 4 mil 700 fueron autorizados para Oaxaca y actualmente se encuentran en fase de implementación, por lo que fue la entidad que más recursos recibió.
No alcanza
Desde antes de formalizarse este recorte de 64.4% a la reconstrucción, la diputada federal Mónica Almeida López, del PRD, y secretaria de la Comisión de Vivienda en el Congreso federal, había asegurado que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador había olvidado a los damnificados de los sismos, “al igual que la administración pasada [la de Enrique Peña Nieto]”. En un documento entregado en septiembre pasado, se señalaba que tan sólo en Oaxaca, más de 4 mil damnificados por los sismos aún se encontraban sin acceso a apoyos federales.
La legisladora federal aseguró que el Plan Nacional de Desarrollo “es ineficiente al no programar los avances presupuestales, lo que mantiene paralizada la vivienda y a los beneficiarios de los programas de reconstrucción sin la atención adecuada”. Y agregó: “El ejercicio fiscal está por terminar y los subejercicios, así como la mala planeación y ejecución del presupuesto están afectando a los beneficiarios de uno de los programas con más recursos de su ramo, por lo que las alarmas están encendidas, ya que la población ha manifestado múltiples inconsistencias en el programa”.
En el marco del segundo aniversario del terremoto, EL UNIVERSAL publicó que como parte del Programa Nacional de Reconstrucción, este año sólo se verificaron daños en viviendas de 60% de los damnificados de 19 municipios del Istmo, lo anterior por el limitado presupuesto.
Y tampoco se comprueba
Según un informe del 12 de septiembre de 2019 de la Comisión de Reconstrucción de la 64 Legislatura del Congreso de Oaxaca, presidida por el diputado local Pavel Meléndez, las autoridades estatales no han podido aclarar el destino de más de 400 millones de pesos de recursos estatales, que supuestamente fueron enviados para los damnificados.
“Respondieron con documentos oficiales que no gastaron mil millones, sino que sólo se ejercieron 674 millones de pesos, ya incluidos 200 autorizados por el Congreso; es decir, faltan por comprobar 426 millones de pesos”, dijo el legislador.
