Desaparición de Seguro Popular deja a la deriva a más de 540 trabajadores en Oaxaca

 Al menos 540 trabajadores en Oaxaca quedaron en incertidumbre sobre lo que ocurrirá con su empleo tras la desaparición del Seguro Popular o Régimen Estatal de Protección Social en Salud (REPSS), decretada por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y que  será sustituido por el recién creado Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (Insabi).

De ese total, 180 están agremiados al Sindicato Independiente de Trabajadores y Profesionales en la Salud (SITyPS), y con sus prestaciones ganadas a lo largo de los años.

A nivel nacional se estima en 25 mil el total de trabajadores que enfrentan esta situación, sobre todo porque aún no se crea el manual de operaciones y procedimientos del Insabi, documento en el que se podrá conocer qué tipo de personal se requerirá, en qué áreas y con qué salarios y prestaciones laborales.

La desaparición del Seguro Popular fue aprobada el 14 de noviembre por el pleno del Senado de la República, que la aprobó en lo particular con 62 votos a favor y  21 en contra.  En el dictamen también se crea el Instituto de Salud para el Bienestar, en sustitución del Seguro Popular.

Según el dictamen, los senadores también aprobaron la universalidad de los servicios de salud en el país, para lo cual se brindará el acceso gratuito a los servicios médicos, incluidas medicinas, operaciones, hospitalización, prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación; además de garantizar su calidad y la no discriminación.

De acuerdo con el Senado, se estableció que “los servicios de salud y de asistencia social deberán satisfacer las necesidades de la población, en particular de las personas que carezcan de seguridad social a través de la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos, para lo cual la Secretaría de Salud se auxiliará del Insabi”.

 Se precisó, también, que insumos asociados se refiere a la gratuidad de radiografías y  tomografías, entre otros.

Luis Ángel Cortés Baez, secretario de Capacitación del SITyPS, explicó que a más de un mes de la extinción del Seguro Popular aún no hay certeza de lo que sucederá con los trabajadores.

“Hay varios rumores de que serán absorbidos, pero en sí, información verídica y que le dé la certeza a los trabajadores de que sí van a ser absorbidos y que van a estar en diferentes áreas todavía no la tenemos. Es lo que estamos pidiendo es  saber si vamos a ser absorbidos por el nuevo Insabi y bajo qué condiciones”, comenta.

El temor, detalla, es que con la desaparición del Seguro Popular se pierda la antigüedad laboral que han acumulado algunos trabajadores y que en ciertos casos llega hasta los 14 años, un reconocimiento que apenas obtuvieron con la expedición de constancias por parte de la autoridad patronal.

También se perdería el contrato colectivo de trabajo. Cada uno del personal tiene un contrato individual, pero sustentado en un contrato colectivo de trabajo, en el que además se establece que su plaza laboral es de base.

De la misma manera está en riesgo la seguridad social obtenida a través de “jornadas de lucha”, con la cual están afiliados como beneficiarios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y de otras prestaciones laborales.

“Por eso  necesitamos saber, a ciencia cierta, cómo va a quedar la situación laboral de los compañeros, porque ellos ya están con su contrato indefinido y lo respalda un contrato colectivo de trabajo. Los empleados también podrían perder su seguridad social, pues  están dados de alta en el IMSS y reciben todas las prestaciones.

“Todavía, en el nuevo Insabi no sabemos qué personal se requiere y sobre qué tabulador salarial se fijarán sus sueldos”, puntualiza.

Paros, ante incertidumbre. En Oaxaca, desde el pasado 8 de diciembre los trabajadores del REPSS o Seguro Popular iniciaron un paro de labores y la toma de sus oficinas centrales para exigir que les aclaren cómo quedará su situación laboral.

 Hasta ahora, sólo hubo un intento de mesa de diálogo con los directivos del Seguro Popular y autoridades del gobierno del estado, pero estos últimos también desconocen qué pasará con los trabajadores.