La Defensoría argumenta que en el recorrido de la movilización no fue detenida ninguna persona; no obstante cuando la marcha se acercaba a su punto final, fueron dispersados con gas lacrimógeno, perseguidos y detenidos cincuenta y dos personas por elementos de la Policía Estatal, de la Agencia Estatal de Investigaciones y de la Policía Municipal del ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, en inmediaciones de las calles de Bustamante, Arteaga, Doctor Pardo, Bustamante, Zaragoza, Fiallo y Colón, en el centro de la ciudad.
Los agentes de seguridad acusaron a los jóvenes detenidos de ocasionar estos daños; entre los detenidos se identificó a jóvenes defensores de derechos humanos.
También se documentó la detención de diez personas más: siete por parte de la Policía Estatal, otras dos personas más de parte de la Policía Municipal de Oaxaca de Juárez, así como la detención de una más por Agentes Estatales de Investigación de la Fiscalía General del Estado.
El organismo demandó al titular de la Secretaría General de Gobierno para que en su carácter de encargado o presidente de la Junta de Gobierno de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas, realice las gestiones jurídico administrativas necesarias para el registro como víctimas de los aquí agraviados, en el Registro Estatal de Atención a Víctimas, y se garantice su derecho a la reparación del daño en términos de la Ley General de Víctimas y de la Ley de Víctimas del Estado de Oaxaca.
Mientras que al titular de la Secretaría de Seguridad Pública le exigió iniciar procedimientos disciplinarios y sanciones contra los policías que participaron en la detención de los anarquistas, entre otras recomendaciones.