Oaxaca encabeza entidades con mal manejo de recursos públicos, dice Coparmex

En 2018 Oaxaca se ubicó como la entidad con el peor manejo de recursos públicos por monto de irregularidades, según un informe de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

El reporte se basa en las actualizaciones que realiza cada cuatro meses la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y con las cuales es posible monitorear la evolución de las recuperaciones que se le adjudicaron a cada gobierno estatal.

Hasta junio de 2019, la Coparmex señala que la ASF indicó anomalías por mil 943.8 millones de pesos resultado de las auditorías realizadas a la Cuenta Pública de 2018, de los cuales las dependencias estatales no han aclarado el destino.  

Por estas irregularidades, Oaxaca fue colocada como la peor entidad del país en el manejo de los recursos públicos por encima del Estado de México, con mil 814.2 millones de pesos, Chiapas con mil 71.8 millones de pesos, Jalisco con mil 70.7 millones de pesos y Nayarit con 492.8 millones de pesos.

A ese monto se suman irregularidades por otro mil 918 millones de pesos detectadas en la Cuenta Pública de 2017; por lo que el total observado es de 3 mil 861.8 millones de pesos, según la ASF. 

Mientras que con la suma de los montos por aclarar de todos los gobiernos estatales en la primera entrega de la revisión de la Cuenta Pública de 2018 por la ASF, se desconoce el destino de 9 mil 786 millones de pesos.

También detalla que en la primera entrega de la cuenta pública 2018, el monto auditado a los gobiernos estatales ascendió 222 mil 568 millones de pesos; el 4.4% del monto auditado fue observado como posible daño o perjuicio a la Hacienda Pública Federal y en total hace falta resarcir más de nueve mil 786 millones y que las entidades con mayor proporción de dinero por recuperar o aclarar respecto a su muestra auditada con la Ciudad de México con el 23.2%, Nayarit con el 21.6% y Chiapas con 18.3%.

La Coparmex llama a estos resultados como “Dinero Prófugo”, indicador que muestra el gasto estatal que fue auditado por la ASF y cuyo uso no ha podido ser recuperado o aclarado. En específico, mide los millones de pesos que la ASF ha solicitado recuperar o aclarar a los gobiernos estatales.

Este indicador, apunta, se relaciona con el eje estratégico de Estado de Derecho y Democrático de la Confederación, “buscando promover un cambio en los gobernantes estatales a fin de que se comprometan con una agenda de transparencia y una correcta gestión en el uso de los recursos públicos”.

“Dinero Prófugo nos muestra la cantidad de dinero del erario que requiere de medidas y acciones para su resarcimiento. El indicador nos permite identificar los gobiernos estatales con mejor administración de los recursos públicos”, agrega.