Activista denuncia irregularidades en consulta indígena en Unión Hidalgo

De acuerdo con el activista las reuniones o asambleas convocadas por la Sener para la consulta indígena en Unión Hidalgo respecto del proyecto de la empresa EDF no ha sido culturalmente adecuada
Foto: Edwin Hernández / EL UNIVERSAL
26/06/2019
04:16
Juan Carlos Zavala
Oaxaca de Juárez, Oaxaca
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El activista comunitario Edgar Martín denunció irregularidades en la consulta indígena reactivada el pasado 15 de junio de 2019 por la Secretaría de Energía (Sener) para la instalación de un nuevo parque eólico en Unión Hidalgo, municipio del Istmo de Tehuantepec.

Con esta consulta, explicó, se pretende la instalación del proyecto eólico Gunaá Sicaru de la empresa francesa Electricidad de Francia (EDF), el cual está calculado en cuatro mil 708 hectáreas y 115 torres para la generación de energía eléctrica.

Actualmente, esta población tiene ya instalados los Parques Demex I y II (o Piedra Larga) de Bimbo y Walmart que juntos abarcan cuatro mil 637 hectáras y 114 torres eólicas.

De acuerdo con el activista las reuniones o asambleas convocadas por la Sener para la consulta indígena en Unión Hidalgo respecto del proyecto de la empresa EDF no ha sido culturalmente adecuada porque se ha realizado sin la participación de las autoridades representativas de este municipio y se puede comprobar con la lista de asistencia de cada reunión.

“Las autoridades representativas son resultado de años de evolución cultural y nos caracterizan frente a otros grupos étnicos del mundo o inclusive nos hacen diferentes a los pueblos vecinos, por ejemplo: las Mayordomías de las Velas; las Gusana Gola y los Diputado Gola son nuestras autoridades representativas religiosas. También, existen autoridades en los planteles educativos, autoridades municipales, sindicatos de oficios varios e incluso, tenemos un Representante de Bienes Comunales”, explicó.

Agregó que el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), máximo instrumento de protección de los derechos humanos de los pueblos indígenas, define en el artículo sexto la obligación del Gobierno de garantizar el derecho a la consulta del pueblo de Unión Hidalgo a través de sus instituciones representativas.

Edgar Martín mencionó que dado que, en el caso de Unión Hidalgo hay polémica sobre la participación del Representante de Bienes Comunales y sobre el doble papel del Cabildo (convocante y consultado), entonces para zanjar este tema, han propuesto que el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), con apego a la Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas elabore un diagnóstico antropológico sobre las autoridades representativas en Unión Hidalgo.

“Las autoridades representativas no son aquellas que de manera arbitraria designe el mismo Gobierno”, dijo.

Entre otras irregularidades denunció la creación de liderazgos paralelos impulsados con el patrocinio velado de la empresa extranjera y del mismo Ayuntamiento; la sobrerrepresentación de alguna de las autoridades representativas en detrimento de la legitimidad de todo el proceso de consulta.

“Una consulta indígena a través de autoridades representativas garantiza el involucramiento de una minoría calificada y posibilita el máximo beneficio para Unión Hidalgo. Por el contrario, la exclusiva participación de quienes ya firmaron contrato y reciben dinero de Electricidad de Francia, creará desigualdad, inseguridad y muertes”, finalizó.

 

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