Más Información
También, entre los contratos figuran compras de pruebas antidoping a un particular, además de adquisición de llantas y pagos por la impartición de cursos y talleres de contaduría.
Según la Ley de Adquisiciones, en el artículo 41, sólo pueden entregarse por adjudicación directa contratos mayores a 450 mil pesos cuando “sólo existe un oferente, peligre el orden social, la economía, los servicios públicos, la salubridad, la seguridad o el ambiente de alguna zona o región del país”, o cuando existan circunstancias que puedan provocar pérdidas o costos adicionales importantes. Sin embargo, niguno de estos supuestos se cumple en este caso.
La empresa con los mayores montos adjudicados de manera directa fue Centro Promotora Internacional S. A. de C. V., que obtuvo cuatro contratos por más de 47 millones 46 mil pesos; además están Selecciones Médicas del Centro S. A. de C. V. con cuatro contratos por 19 millones 398 mil 202 pesos, e INFRA del Sur S. A. de C. V. con cuatro contratos por la cantidad de 8 millones 904 mil 947 pesos. Además, se encuentra la empresa JM Lavanderías S. A. de C. V., que obtuvo contratos sin licitación por 12 millones 404 mil 478 pesos.
Pero estas adjudicaciones directas no sólo beneficiaron a empresas. La dependencia también adquirió sin licitación pruebas antidoping con un particular de nombre Diego Armando Ramos Estavillo por un costo de 777 mil 200 pesos, así como llantas con Servillantera Mayorista S. A. de C. V. por 641 mil 884 pesos. Además, pagó dos talleres y cursos de contabilidad con Macedo Urquiza y Asociados, por un monto de 750 mil pesos y con Despacho C. P. Elio T. Zurita García y Asociados S. C., por la misma cantidad.
Para la adquisición de material de osteosíntesis y su asistencia técnica contrajo un contrato por 5 millones 662 mil 207 pesos con la empresa XAO Technologies, para mantenimiento preventivo y correctivo de equipo médico sostuvo contratos con Comercializadora MTS por 3 millones 968 mil 639 pesos, con Servicios de Ingeniería en Medicina de Oriente por 474 mil 290 pesos, con Biomedical Instruments por 1 millón 366 mil 944 pesos y con Todo para la Salud de México GAATL por 1 millón 474 mil 360 pesos. Todos estos contratos fueron entregados sin licitación.
Entre las adquisiciones se incluyen pruebas de laboratorio por 991 mil 371 pesos con la empresa ABALAT, insumos para laboratorio con el Centro de Productos Médicos por 945 mil 476 pesos y la contratación del servicio de “actualización de las propiedades” con la Comercializadora Siete de México por 717 mil 460 pesos; esta última se dedicada a la comunicación, mercadotecnia y publicidad, de acuerdo con su sitio web.
Por estas anomalías, la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental ordenó “instrumentar los procedimientos de responsabilidad que resulten en contra de los servidores públicos responsables de las irregularidades detectadas, debiendo enviar a la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social de la Secretaría de la Función Pública, copia certificada de dicha instrumentación”.
La Contraloría también encontró que aunque el 20 de septiembre de 2015 la empresa INFRA del Sur S. A. de C. V. le notificó al Seguro Popular que a partir de septiembre de ese año se facturaría el oxígeno medicinal con tasa 0.0% de IVA para cumplir con los requisitos establecidos por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) para definirlo como medicamento, el Seguro Popular siguió pagando las facturas con el 16% del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a medicamentos, aún cuando están exentos de este gravamen.
Estos pagos sumaron un total de 143 mil 834 pesos que se detalla en 31 facturas por el concepto de abasto de medicamentos, material de curación y otros insumos.
