Organizaciones civiles de Oaxaca condenaron el aumento de agresiones contra defensores de derechos humanos, y en particular contra integrantes del Comité de Defensa de los Pueblos Indígenas (Codedi), así como la omisión de las autoridades para esclarecer los casos y garantizar la integridad de activistas.>>
En una carta pública firmada por 22 agrupaciones, señalaron que en el transcurso del año y como parte del patrón de ataques a personas defensoras, han documentado al menos cinco ejecuciones extrajudiciales, cinco desapariciones forzadas por motivo político, entre las que destaca el caso del defensor de derechos humanos Ernesto Sernas; ocho allanamientos de domicilios, nueve detenciones arbitrarias y un caso de tortura.> De éstas, las cinco ejecuciones corresponden a integrantes de la Codedi, el más reciente el asesinato de Noel Castillo Aguilar –el pasado jueves--, defensor comunitario de las playas y el río Copalita en Barra de la Cruz, Santiago Astata.>>
La víctima se dirigía a su casa en un taxi cuando fue atacado con arma de fuego por personas desconocidas; posteriormente recibió golpes particularmente violentos en la cabeza y cara y falleció alrededor de las 13 horas, expusieron.
Su padre, líder comunitario y defensor del territorio, Leodegario Castillo Zárate, había recibido amenazas de muerte en las semanas anteriores por su papel de defensa comunitaria advirtiéndole que dejara esa labor.>>
Además, la Codedi ha sufrido tres detenciones arbitrarias, tres allanamientos y robos, amenazas permanentes contra los principales dirigentes, y la militarización de la comunidad de Santiago Xanica, de donde es originario uno de los líderes.
En este sentido, las organizaciones, entre ellas Espacio Civil de Oaxaca, Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca A.C., Servicios para una Educación Alternativa A.C. (Educa), Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C. (Código-DH), Centro de Apoyo al Movimiento Popular Oaxaqueño A.C. (Campo), Lunas del Sur A.C. y Aser-Litigio A.C., y otras, advirtieron que el estado está viviendo una profunda crisis de derechos humanos, misma que se traduce en una situación de zozobra y alto riesgo para defensores.>>
Refirieron que estos hechos han sido denunciados ante las instancias correspondientes incluyendo la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca y la Fiscalía General del Estado.>>
Sin embargo, hasta la fecha no existe castigo a responsable alguno; además el acceso a los expedientes penales ha sido obstaculizado y las investigaciones no cuentan con ningún tipo de avance; las medidas cautelares dictadas a nivel estatal no han sido cumplidas o han sido rechazadas menospreciando el alto nivel de riesgo en que se encuentran las personas defensoras.
En este sentido, responsabilizaron nuevamente al gobierno estatal y al federal por los graves ataques contra Codedi, la criminalización de la defensa, la falta de garantías y la ausencia de avances en las denuncias penales.
De allí, indicaron, “pedimos a la Comisión Nacional de Derechos Humanos que tome cartas en el asunto frente a una situación transcendente que amerita una atracción de carácter nacional.”