Comunidades y diversas ONG exigen suspender entrega de títulos mineros

Demandan la creación de un nuevo marco jurídico que respete los derechos de los pueblos indígenas

Foto: Archivo / EL UNIVERSAL
Estatal 27/12/2018 11:27 Juan Carlos Zavala Oaxaca de Juárez, Oaxaca Actualizada 11:27

Organismos no gubernamentales y representantes de comunidades de Oaxaca exigieron al gobierno federal la suspensión de la entrega de títulos mineros hasta en tanto no se elabore un nuevo marco jurídico que garantice el respeto a los derechos de los pueblos indígenas.

De la misma manera, demandaron que se cancelen las 322 concesiones y los 41 proyectos mineros vigentes en el estado, ya que estos se impusieron sin el consentimiento previo, libre e informado de las comunidades.

Asimismo, aseguraron que con la entrega de los títulos mineros a empresas extranjeras y nacionales se violó su derecho a la libre determinación y autonomía a su integridad cultural, a administrar y controlar territorios y a mantener la propiedad colectiva de las tierras y bienes comunes naturales.

“Quedó evidenciado que existe una descalificación sistemática de las instancias tradicionales de toma de decisión comunitaria; en particular, se perpetua la práctica de las empresas de firmar acuerdos individuales, aun sabiendo que los órganos de toma de decisión en las comunidades son las asambleas”.

El nuevo marco jurídico, puntualizaron, debe respetar de manera plena y efectiva de los derechos de los pueblos indígenas establecidos en los tratados internacionales y en la Constitución, y derogarse la actual ley minera y otras que guardan relación con esta industria.

También que se aprueben leyes y políticas públicas que protejan los derechos de los pueblos indígenas y equiparables que los reconozcan como sujetos de derecho público e incluyan mecanismos efectivos de reparación integral de daño ocasionado.

Los proyectos mineros en Oaxaca, denunciaron, han provocado afectaciones irreversibles a los ecosistemas, contaminación de ríos, criminalización de autoridades comunitarias y de las y los defensores comunitarios, fractura del tejido social e inseguridad generalizada en las regiones donde operan.

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