Defraudados de cajas de ahorro denuncian incumplimiento del Gobierno de Oaxaca

Anuncian “toma” de las oficinas de recaudación de rentas de la Secretaría de Finanzas en todo el estado

Foto: Archivo / EL UNIVERSAL
Estatal 28/01/2018 20:30 Juan Carlos Zavala Oaxaca de Juárez, Oax. Actualizada 20:38

A nueve años, oaxaqueños defraudados por cajas de ahorro en el estado denunciaron el incumplimiento del gobierno de Oaxaca para pagar con recursos del Fideicomiso de Pago (Fipago) a decenas de familias parte del patrimonio que perdieron.

En protesta, los integrantes del Frente Único de Ahorradores Defraudados de Oaxaca (FUADO) anunciaron la “toma” mañana lunes 29 de enero, de las oficinas de Recaudación de Rentas de la Secretaría de Finanzas en todo el estado y, una marcha pacífica en la capital para exigir una audiencia con el gobernador Alejandro Murat Hinojosa en la que se firme el convenio de colaboración con Fipago.

Mario Herrera, vicepresidente del FUADO, explicó que las cajas de ahorro generaron un detrimento patrimonial del orden de ocho mil millones de pesos en la entidad.

El ex gobernador Ulises Ruiz, dijo, se negó a pagar un sólo peso a los defraudados; mientras que con Gabino Cué Monteagudo, tras las presiones ejercidas por su organización, se logró el pago de 559 millones de pesos a más de 21 mil familias que fueron estafadas con un monto aproximado de dos mil 500 millones de pesos.

El Fipago del gobierno federal solo cubre hasta 240 mil pesos menos la quinta del 30 por ciento que se le cobra al afectado por su corresponsabilidad en la pérdida, tal y como lo determina la actual legislación.

El FUADO logró la integración de cinco mil 844 expedientes ante Fipago en febrero de 2015, y aquel gobernador no cumplió con el pago de 309 millones de pesos prometido para afectados por cinco cajas de ahorro transas y que siguen pendientes todavía.

Además, ingresó 13 expedientes de igual número de cajas de ahorro que defraudaron a otros 30 mil personas y con apoyo de Sedesoh se aprobó por comité FIPAGO, el pago de 300 millones más, lo que arroja un pago total de 609 millones de pesos en la administración de Alejandro Murat.

Con el actual gobernador, aseguró, “todo marchaba a la perfección y las familias afectadas pertenecientes al FUADO, vieron en este nuevo gobierno una supuesta mano amiga, firmando de inmediato los compromisos que llevarán a buen puerto el pago a los defraudados pendientes de pago, en tanto que la Secretaria de Desarrollo Social y Humano implementó áreas y oficinas de atención exclusiva a defraudados, así como el personal suficiente para atender la problemática”.

Sin embargo, para cobrar el daño que sufrió cada familia defraudada hace falta tanto la presencia como la firma del secretario de Finanzas, Jorge Gallardo Casas, sin la cual es imposible cobrar. Desde el pasado 25 de septiembre de 2017, se suscribió un convenio de seguimiento para pago en el cual se estableció como fecha de firma del Convenio de Colaboración la última semana de noviembre de 2017, para dar inicio a los pagos en el primer bimestre del presente año.

El funcionario se ha negado a firmar y cumplir con su parte financiera, “dejando en el abandono total a más de 60 mil familias pertenecientes al FUADO, no ha sido capaz de firmar el documento aprobado y avalado ya por el Gobierno Federal”.

En estas fechas, apuntó, el FUADO ya debería estar recibiendo los primeros resarcimientos según lo acordado con el gobierno de Alejandro Murat.

Existen también defraudados de otras cooperativas de ahorro y préstamo patito cuyos expedientes se siguen integrando y que hacen un total de otros 20 mil defraudados aproximadamente, recibiendo la atención constante de la Sedesoh y de la Fiscalía Estatal en cada una de las denuncias que se han presentado.

“FUADO no está dispuesto a esperar a que se repita una vez más la historia ya conocida por los defraudados, promesas, promesas hasta el final del sexenio para decir, ya no dio tiempo”, dijo.

Los defraudados de cajas de ahorro también “tomarán” los accesos a Ciudad Administrativa y Ciudad Judicial y advirtieron con extender sus protestas hasta el jueves 1 de febrero, así como una marcha pacífica estatal.

 

 

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