“Son los derechos lingüísticos la llave para más garantías”: DDHPO

En entrevista con EL UNIVERSAL, el titular de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca explica la urgencia de políticas públicas que garanticen estos derechos

Foto: Edwin Hernández
Estatal 28/02/2020 08:35 Fernando Miranda Oaxaca Actualizada 09:01

“Cuando se pierde una lengua, lo que estamos perdiendo son visiones y conocimientos del mundo. No es menor, son posibilidades distintas de entender la realidad de lo que se está extinguiendo y como humanidad no lo podemos permitir o, de lo contrario, pasaremos a la historia como la generación que las dejó perder”.

Con esas palabras es como Bernardo Rodríguez Alamilla, titular de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de  Oaxaca (DDHPO),   explica la urgencia de políticas públicas integrales que garanticen el ejercicio de los derechos lingüísticos, los cuales, acepta,  son poco conocidos por los hablantes de lenguas originarias, por lo que necesitan colocarse en la discusión pública.

 Reconocidos   en la  Constitución federal y en la oaxaqueña,  así como  en el convenio 169 de la OIT [Organización Internacional del Trabajo], los derechos lingüísticos son parte de las garantías reconocidas  a los pueblos indígenas e incluyen el derecho a la identidad y a  la cultura; esto,  al  entender al Estado mexicano como  una nación pluricultural.

¿Cuáles son los parámetros para determinar si se  respetan los derechos lingüísticos?
—Parte de reconocerse como indígena implica un proceso de autoadscripción. Incluso, la lengua no es un elemento con el que se decide si una persona es o no indígena.

Lo que nosotros analizamos es si en determinada situación se le está respetando a una persona hablante de una lengua su  libre ejercicio, pues  el Estado generó todas sus instituciones para poder reafirmar el español como lengua  primordial, pero no  generó   nuevas condiciones que ahora la Constitución te señala, pues  somos una nación multinacional, que tiene  que desdoblarse en cuestiones de este tipo.

Esto alcanza la parte de  justicia, seguridad, educación. En todos estos procesos tienen que haber, por parte de las  instituciones, formas para  garantizar que las personas puedan expresarse en sus lenguas,  y si no se tienen, hay que ir construyendo esta ingeniería institucional.

 ¿Qué pasa si no se garantizan estas condiciones a los hablantes?
—No pueden acceder plenamente a este derecho. En el caso del derecho a la salud, si no puedes expresar qué te está doliendo o qué te está pasando, no existe de entrada ese derecho, está inacabado.

Debe exigirse poder usar lenguas originarias

Es ahí  donde tenemos que impulsar, tiene que ver con que existan  intérpretes para que las instituciones, el agente externo,  puedan comunicarse con los hablantes, pero también con  que se generen dentro de las  comunidades acciones para preservar la lengua como tal,  para que esto se revitalice o  la lengua va a morir.

 Todas aquellas políticas que tiendan a preservar la cultura indígena, pero que no estén fomentando que al interior de las comunidades  hablantes se siga haciendo, no van  a servir.

¿Cuál es la situación de las lenguas originarias en Oaxaca?
—De las 16 que existen en la entidad, están dos  grandes lenguajes que se están perdiendo, el ixcalteco y el chocholteco, pues tienen presencia en  comunidades donde sólo un par de decenas de personas los  hablan y todas  mayores a 70 años. ¿Qué indica?  Que van a desaparecer si no ayudamos a generar procesos al interior de estas comunidades, para que se revitalice su  uso  y que ellos mismos no se sientan discriminados al usar su lengua.

Ese fue uno de los elementos culturales que atentan contra las lenguas, al ser el castellano la lengua oficial, a aquel que no lo hablaba se le descriminaba, eso lo introyectaron las comunidades y  no trasladaron su propio lenguaje a las generaciones más jóvenes. Eso ha hecho que se dé  esta probable desparición de estas dos lenguas.

 ¿Cuál es la importancia de los derechos lingüísticos?
—Nosotros le  llamamos “derechos llave”, porque te permiten el ejercicio de otros. Tú no puedes   manifestar tu realidad si no tienes la posibilidad de hablar tu lengua, de expresar qué piensas, qué sientes, cuál es tu cosmovisión de la realidad. No es menor de lo que les estamos privando, es la posibilida de otros derechos,  como  la salud,  la educacion, al trabajo, que pasan sí  o sí por tu posibilidad de poderte comunicar.

¿Cuál es la responsabilidad de la defensoría al respecto?  
—Primero, ponerlo en la agenda pública. Hasta hace poco el Estado tenía una sola visión y un sólo lenguaje. Ahora, las instituciones  saben que existe ese derecho y que deben adecuar sus diferentes andamiajes para poder satisfacer y garantizarlo.  Segundo, exigir que exista en términos reales una política  de preservación, no nada más de documentar las lenguas, eso implica pasar a la acción.

Hacer que en las propias comunidades se hablen, a través de procesos pedagógicos, estaciones de radio, diccionarios. Todo esto que hizo que desaparecieran estas lenguas, a través del lenguaje oficial, tenemos que regenerarlo y hacerlo con estas lenguas.

Estamos en la exigencia a las diferentes instancias del Estado de desdoblar los derechos lingüísticos en acciones y tener una verdadera política pública que los respete

Y, finalmente, el tema de las quejas como tal. Potencializar caso por caso y explicar  que cuando hay discriminación,   no sólo lastimas a las personas, si no a toda la comunidad que, de alguna manera,  se ve imposibilitada a ejercer su cosmovisión del mundo. Y por tanto, los hablantes   no ven en el Estado mexicano la posibilidad de preservar su lengua.

 ¿Existen quejas en la DDHPO por violaciones al ejercicio de los  derechos lingüistícos?
—Hasta ahora, poco a poco se comienza a tener orgullo de la lengua. Antes podía darles pena a los hablantes, porque notaban discriminacion. El Estado tendría que coadyuvar para que la población  haga propios los derechos lingüísticos, pues por ahora   no es un tema que figure  tanto en quejas. Lo anterior  por dos cosas, por la propia visión de la defensoría, pero también porque al  interior de las comunidades  no sabían que tenían derecho a ello.

Hay menos de 10 quejas en los últimos cinco años. Es poco para la cantidad de personas que hablan una lengua en la entidad, pero el hecho de que no se vean no quiere decir que no existan; simplemente, no estamos contagiando a la gente de que  apropie estos derechos  y los exija. Parte de nuestra tarea es hacer visible lo invisible.

¿Qué está haciendo actualmente la defensoría al respecto?
—Estamos en la exigencia a las diferentes instancias del Estado de desdoblar los derechos lingüísticos en acciones y tener una verdadera política pública que los respete, porque no abarcan una sola área: es salud, es procuración de justica, es  educación. El lenguaje es integral, es cómo el ser humano potencializa sus deseos y éstos no son uno solo.

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