Refirieron que el 22 de agosto de 2017, el TEEO determinó que la comunidad de San Pedro Tulixtlahuaca tenía el derecho de administrar directamente sus recursos económicos, para ello, requirió a diversas autoridades del Gobierno del Estado y del municipio en cuestión, a determinar los elementos cuantitativos y cualitativos necesarios para el efectivo proceso.
El 4 de junio de 2018, el TEEO ordenó a las autoridades municipales de San Antonio Tepetlapa entregar los recursos correspondientes, apercibiendo que de no hacerlo, se daría vista al Congreso del Estado para que a través de la Comisión de Gobernación iniciara el procedimiento de revocación de mandato de los integrantes del ayuntamiento.
Ante la negativa de las autoridades municipales, el TEEO hizo efectivo el apercibimiento, y 30 de julio ordenó al Congreso del Estado iniciar dicho procedimiento.
Sin embargo, acusaron que los legisladores Gutiérrez Galindo y Cuevas Chávez hicieron caso omiso a la orden de la autoridad jurisdiccional, “todo para solventar el saqueo y raterías del asesor del municipio Dimas Zorrosa Morales, y de las autoridades municipales”.
Ante esta situación, responsabilizaron a los legisladores de cualquier acto de violencia que llegue a suscitarse su comunidad, toda vez que no cumplieron a lo establecido en la ley y violan flagrantemente la resolución de la autoridad jurisdiccional que reconoció los derechos colectivos en esa comunidad indígena.