En el caso de Puebla e Hidalgo, no bastó que Morena, —partido cuya plataforma ideológica contempla el acceso al aborto legal para las mujeres y que llevó a la despenalización en Oaxaca— tuviera la mayoría en sus congresos, pues en ambas entidades la iniciativa fue bloqueada.
En octubre de 2019, la comisiones de Procuración y Administración de Justicia y de Igualdad de Género del congreso de Puebla aprobaron por unanimidad reformas que mantienen la penalización del aborto, aunque reducen las penas.
Posteriormente, en diciembre de ese año, con 10 votos a favor, 15 en contra y 5 abstenciones, la iniciativa para la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) en Hidalgo fue rechazada en el Congreso local.
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En el caso de San Luis Potosí, pese a la mayoría de Morena en el Congreso, el 21 de mayo pasado, por segunda vez los legisladores locales rechazaron aprobar una modificación al Código Penal estatal para la despenalización de la interrupción legal del embarazo antes de la semana 12 de gestación.
El presidente de la Comisión de Salud y coordinador de la bancada de Morena, Raúl Humberto Márquez Albo, señaló que predominó el aspecto ideológico y no el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo.
A ello se suma el rechazo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de la propuesta que buscaba ordenar al Poder Legislativo de Veracruz legislar para despenalizarlo.
El mayor contraste se dio en Nuevo León, en cuyo Congreso local se bloqueó cualquier intento de despenalizar el aborto, modificando la ley para “proteger la vida desde la concepción”, y perpetuando así la criminalización de aquellas mujeres que deciden no ser madres e interrumpir un embarazo.
En octubre de 2019, EL UNIVERSAL dio a conocer que en otras siete entidades grupos parlamentarios del PAN y Encuentro Social (PES) buscaban impulsar iniciativas similares. Se trataba de proyectos de reforma de ley en Aguascalientes, Baja California Sur, Estado de México, Hidalgo, Michoacán, Tlaxcala y Zacatecas.
A la fecha hay 20 entidades que garantizan la protección de la vida desde la fecundación. Los estados que actualmente tienen esta garantía constitucional son Baja California, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Jalisco, Morelos y Nayarit.
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También Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán.
“La vida se puede proteger desde la fecundación, por ejemplo, en embarazos deseados, a través de la atención obstétrica y servicios de salud. Al mismo tiempo que esto se garantiza, también una mujer puede decidir interrumpir su embarazo”, señaló a este diario en 2019 y puso como ejemplo a Oaxaca, donde coexisten ambas legislaciones.