Con marcha y protesta, CIPO exige la destitución de funcionarios locales

El Consejo Indígena Popular de Oaxaca “Ricardo Flores Magón” (CIPO) marchó y realizó una protesta frente a la Casa Oficial para exigir la destitución del secretario de Seguridad Pública, Ernesto Salcedo, y del titular de la Coordinación General del Comité Estatal de Planeación para el Desarrollo (Coplade), Javier Lazcano.

La manifestación también fue para exigir justicia por el homicidio del activista Gustavo Cruz Mendoza, quien fue asesinado el 20 de enero de 2019. En su historia, al menos 40 integrantes de CIPO han sido asesinados y 10 han ocurrido durante el gobierno de Alejandro Murat Hinjosa, declaró Miguel Cruz Moreno, dirigente de esta organización civil.

Durante la protesta acusaron además al secretario de Finanzas del Gobierno de Oaxaca, Vicente Mendoza, de hacer un uso discrecional de los recursos públicos para pagos, por ejemplo, de tres millones de pesos a los diputados locales de la 64 Legislatura del Congreso del Estado para que le aprobaran una nueva deuda pública; así como para pagar favores a políticos, amigos y empresarios, afines a Alejandro Murat.

“La Secretaría de Seguridad Pública está presidida por un servidor público que no conoce la región de nuestro estado, que lejos de proporcionar seguridad a los ciudadanos en mucho de los casos están coludidos con el crimen organizado y operan a la vista de ellos. 

“Una secretaría a la que no le importa la vida de las personas, no sabe y no quieren actuar para proteger a las víctimas ante las amenazas de muerte de los agresores, propiciando con su irresponsabilidad y por omisión más muertes de hombres y mujeres y forzados a salir de su comunidad, obligándoles a desplazarse por la falta de protección”, argumentó Cruz Moreno tras demandar la renuncia de Ernesto Salcedo.

Según explicó, el encargado de la seguridad pública incumplió con las medidas cautelares dictadas por la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) a favor de Gustavo Cruz Mendoza, asesinado hace poco más de un año. 

También hizo responsable por omisión de Ernesto Salcedo del asesinato de otros tres jóvenes el 20 de julio de 2019 y del desplazamiento de unas 30 familias, porque nunca cumplieron con las medidas cautelares bajo el argumento de que carecían de recursos públicos.

“Desde luego, contamos con la complacencia de Bernardo Rodríguez Alamilla, supuesto defensor de los derechos humanos del pueblo de Oaxaca que sólo se dedica a tomarse las fotos con funcionarios gubernamentales a quienes debería vigilar su comportamiento público”.

Respecto a su demanda de la destitución de Javier Lazcano, titular de Coplade, por engañar y mentir a las comunidades con la promesa de realizar proyectos de obra pública y programas productivos para su desarrollo.

“Hay una crisis que no quiere reconocer Alejandro Murat… Hay exterminio en donde ellos creen que puede haber resistencia. 

“En el gobierno de Alejandro Murat hay más de tres mil asesinatos. En el caso de nosotros en el CIPO tenemos más de 40 compañeros asesinados, y los casos más recientes estamos hablando de aproximadamente 10 compañeros. En el gobierno de Alejandro más de 3 mil muertos, los feminicidios. ¿No es esto ingobernabilidad?, porque no están funcionando las instituciones de seguridad pública”, señaló.