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El informe presentado esta semana contrasta la realizad de las labores de la DDHPO -organismo autónomo- quien hasta este 2018 no ha emitido ninguna recomendación por los agravios a defensores y defensoras, lo que implica que dicha institución no ha determinado la existencia de la violación a derechos humanos.
“Bajo Ataque” asegura que el aumento de agresiones está relacionado con la aplicación de las reformas del gobierno federal. El recuento cita que entre 2012 y 2017 los ataques se han centrado por la oposición a la reforma energética, megaproyectos, reforma educativa, reforma a la ley minera y la reforma de telecomunicaciones.
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Tan sólo en el 2017 se cometieron seis asesinatos contra defensores, uno de estos ocurrió mientras la víctima estaba bajo resguardo del Estado, en una cárcel municipal; tres mientras tenían protección del gobierno estatal vía medidas cautelares.
El informe presenta datos oficiales que precisan que ese mismo año, de enero a octubre, se registraron 166 violaciones a derechos humanos cometidas en 113 agresiones contra 101 personas, sin tomar en cuenta ataques a colectivos. De las que 18 existió de por medio armas de fuego.
Ese año también se registraron nueve detenciones ilegales, mientras que de enero a septiembre del 2016 se cometieron 124 agravios contra 76 defensores de derechos humanos; en 80 casos -64.5%- los agresores fueron servidores públicos.
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La Fiscalía General del Estado reportó que, de los 46 agravios investigados, tres se judicializaron, en un caso existe orden de aprehensión, pero no precisó si fue ejecutada.
“El actual gobierno de Oaxaca ha mostrado un abierto desprecio a los derechos humanos. En materia de políticas públicas se ha retrocedido en temas fundamentales”, sentencia el informe.
