A 3 años de arranque del Corredor Interoceánico en Oaxaca suman 226 agresiones a defensores
Informe de 23 organizaciones nacionales e internacionales revela un “método autoritario” para imponer el megaproyecto el en Istmo de Tehuantepec, donde actúan grupos ligados al crimen organizado con poderes políticos y del gobierno
Oaxaca de Juárez.- El proyecto del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT) se ha desarrollado en Oaxaca a través de métodos autoritarios que incluyen casos de desaparición y desplazamiento forzado de comunidades indígenas, así como un total de 226 agresiones a defensores comunitarios incluidas mujeres y niños, revela el informe de la Misión Civil de Observación Internacional integrada por 23 organizaciones defensoras de derechos humanos.
Durante la presentación de este informe en la ciudad de Oaxaca los partidos concluyeron que entre mayo de 2021 y mayo de 2024 el Estado mexicano uso métodos autoritarios para imponer el proyecto, el cual no tiene que ver únicamente con una carretera o un corredor, sino que “hay un trasfondo que incluye la militarización de los territorios indígenas del Istmo oaxaqueña donde los actores políticos locales y estatales ligados al crimen organizado se han dedicado a velar por los intereses de las empresas trasnacionales”.
Luz Coral Hernández, representante de la organización Territorios Diversos para la Vida, sostuvo que a nivel nacional no se ha dimensionado el impacto ni se ha entendido al gravedad de lo que sucede en el Istmo oaxaqueño y veracruzano, donde la mayoría de las agresiones las han cometido los cuerpos de seguridad pública y militar, además de las fiscalías estatales.
Afirmó que tienen contabilizados 72 ataques directos de cuerpos militares sobre todo contra indígenas ayuuk y zapotecas; cinco de esos ataques directos se registraron contra mujeres que fueron violentadas sexualmente por elementos de la Secretaría de Marina (Semar) y hay un registro de 27 perpetradores entres policías estatales y municipales de las regiones de Oaxaca.
“A diferencia del Tren Maya, el Corredor Interoceánico ha tenido poca atención de los grandes medios, en algunos casos se han dedicado a contar solamente las versiones oficiales pero no han explicado quiénes son los que resisten, por qué y cómó” , expuso Carlos Beas Torres, Coordinador de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (Ucizoni).
Dijo que existen al menos 15 casos de posible desaparición forzada realizada por elementos de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) y de la Secretaría de Seguridad Pública, y a pesar del interés de las comunidades, el actual gobierno estatal, encabezado por Salomón Jara, se ha cerrado el dialogo alegando que el asunto ahora está en manos de la Guardia Nacional y comandantes militares.
“Desde hace un año no ha habido respuesta tampoco a la Misión de Observación, ni a la documentación que se ha obtenido en la semana que duro el proceso con las comunidades, todo ha sido una simulación, donde el gobierno oaxaqueño se niega a reconocer el papel de víctimas de las personas y se niega al proceso de reparación del daño y a la no repetición”, abundó.
Natanael Hernández, integrante de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT) y vocero de 86 organizaciones en 23 estados de México indicó que en Oaxaca se ha hecho uso del sistema de justicia para reprimir los derechos humanos sin que el gobierno estatal intervenga, sino por el contrario actué como cómplice”.
Desde que enero de 2023, con la llegada del gobierno de Salomón Jara, aumentaron las agresiones y se ha abusado del derecho penal para minar la defensa. Por un lado, hay un discurso de acceso a la justicia, pero en el territorio hay procesos penales abiertos e impactos ambientales que afectan a las comunidades, el panorama es complicado porque hay un vínculo de actores del gobierno con grupos del crimen en todos los municipios del Istmo”, precisó el especialista.
