Desatienden instituciones contaminación de río por mina

A más de tres meses de la contaminación del río “Coyote” a causa de derrames de una presa de jales de la mina “Cuzcatlán”, en San José del Progreso, Ocotlán, autoridades estatales y federales no han cumplido con el saneamiento, informó la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO).

Por ello, solicitó a la nueva administración federal, a través de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa), la Secretaría de Agricultura (SA) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) retome y atienda la problemática.

El afluente atraviesa las comunidades zapotecas de Magdalena Ocotlán, San Matías Chilazoa, San Felipe Apóstol, La Barda Paso de Piedra y San Pedro Apóstol, cuyos habitantes han resultado perjudicados desde el pasado 8 de octubre en que ocurrió el derrame.

Tras tener conocimiento del caso, el organismo emitió medidas cautelares y convocó a los titulares de las instituciones referidas para que acudieran a una reunión a escuchar los planteamientos de las autoridades de las comunidades afectadas y se tomaran los acuerdos pertinentes para encaminar la solución de este problema.

“Sin embargo, al citatorio sólo se presentó la Secretaría de Energías, Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable (Semaedeso), cuyo representante señaló no tener jurisdicción en el ámbito federal.

“Las demás instituciones federales (Semarnat, Conagua y Profepa) respondieron mediante oficios que la problemática referente a la probable contaminación de las aguas del río ‘Coyote’ no era asunto de su competencia institucional y fueron omisas a las medidas cautelares emitidas, además de que tampoco acudieron a participar en la primera reunión de trabajo, efectuada el día 19 de octubre de 2018 en la sede de la Defensoría”.

Expuso que el 24 de octubre de 2018, la Defensoría citó a otra reunión en la que sólo acudió un representante de la Conagua sin generar mayor compromiso hacia las comunidades afectadas; el 12 de noviembre de 2018 se convocó nuevamente a otra reunión, a la que sólo acudió una representación de la Comisión Estatal del Agua por parte de las autoridades estatales.

Por ello, la Defensoría instó a que las autoridades federales y estatales generen sin demora las acciones necesarias para salvaguardar los derechos humanos de las personas que viven en estas comunidades indígenas del valle de Ocotlán. Asimismo, a realizar una revisión exhaustiva de la concesión de explotación minera “Cuzcatlán”.