“Autoridades nos están orillando a enfrentarnos, pero no queremos heredar violencia a nuestros hijos”

La escalada de un conflicto entre Reforma y Santa María Tutla, comunidades de San Andrés Dinicuiti, en la Mixteca, ha dejado a personas sin agua y sin acceso al panteón, acusan.

Foto: Juan Carlos Zavala
Estatal 30/10/2020 10:39 Juan Carlos Zavala Actualizada 11:38

San Andrés Dinicuiti.— A finales de 2019, Marcelina Roque Salazar,  de 79 años, fue llamada por las autoridades de la localidad de Reforma para exigir el pago de una multa de 26 mil 500 pesos, bajo el argumento de que nunca había pagado el servicio de agua potable.

Con su esposo ya fallecido, afirma que no sólo era falso que nunca hubiera pagado ni realizado tequio u otras responsabilidades dentro de la comunidad. Tras negarse a pagar esa infracción, las autoridades le cortaron el servicio de agua potable. Lo mismo le hicieron a Luis Roque Salazar y a María de Jesús Lima Martínez, ambos de 83 años.

Los reclamos por la suspensión del servicio, es decir, el quitarles la toma de agua a partir del argumento de que no habían realizado su servicio, finalmente reveló su verdadero origen: fueron castigados por sus autoridades por estar en desacuerdo con el conflicto político y agrario que Reforma ha emprendido contra la agencia y el Comisariado de Bienes Comunales de Santa María Tutla, agencia municipal de San Andrés Dinicuiti, en la región Mixteca de Oaxaca.

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El problema entre ambas poblaciones se arrastra desde el 2015, cuando los habitantes de Reforma – una ranchería de la agencia de Santa María Tutla – solicitaron al ayuntamiento de San Andrés Dinicuiti que les otorgara la categoría o denominación política de agencia municipal con el fin de deslindarse e independizarse administrativamente de Santa María Tutla.

Los miembros del entonces cabildo de San Andrés Dinicuiti, les dieron; sin embargo, la denominación política de núcleo agrario. Y posteriormente siguió el proceso para formalizar su nueva categoría administrativa ante el Congreso local.

En enero de 2018, la 64 Legislatura del Congreso del Estado aprobó el dictamen emitido por la Comisión Permanente de Gobernación de la legislatura anterior, entonces encabezada por Herminio Cuevas Chávez, en el que se reconoce a Reforma con la denominación política de núcleo agrario.

“En el 2015 fue cuando se inició el proceso de Reforma para núcleo agrario, pero fue en el 2017 cuando nos enteramos. Es cuando el Congreso les da la categoría y es en 2018 cuando nos avisan que ellos dejaban de pertenecer a la administración de Santa María Tutla. En el 2019 fue cuando empezamos a ver todo ese asunto, le hemos pedido ayuda al Congreso y realmente no nos han apoyado en ese sentido”, detalla Saúl Varela Gutiérrez, agente municipal de Santa María Tutla.

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De acuerdo con las autoridades municipales y agrarias de Santa María Tutla, el dictamen aprobado por los legisladores locales tanto de 63 y 64 Legislatura fue ilegal porque Reforma no cumplía con los requisitos para pasar de la denominación de ranchería a núcleo agrario.

El principal requisito, explicaron, es que se requiere un mínimo de 500 habitantes y en Reforma no llegan a ser 300 habitantes; en segundo, porque falsificaron firmas de personas ya fallecidas para tratar de cumplir con esa obligación y ni aún así, llegaron a los 500 habitantes.

Hasta ese momento el conflicto era político, pero después derivó en abusos contra algunos habitantes de Reforma como el corte de servicio de agua  y amenazas con cortarles la energía eléctrica, entre otros. Así como las denuncias de que supuestamente no se les permite usar el panteón a los habitantes de Reforma; algo que en Santa María Tutla niegan, pues afirman que nunca se les ha negado entierrar a sus muertos.

La situación posteriormente escaló a un conflicto agrario. Los pobladores empezaron a realizar actividades que únicamente corresponden al Comisariado de Bienes Comunales de Santa María Tutla, territorio en el que está asentada la localidad de Reforma.

Misael Cipriano Hernández, presidente de Bienes Comunales, explica que al cambiar de denominación política los habitantes de Reforma creen que también tienen derechos a decidir sobre la propiedad comunal.

“Con esa categoría confunden y creen que pueden realizar funciones que no les corresponden como realizar rodeos, expedir documentos de compraventa de los animales que andan dentro del territorio de Santa María Tutla, eso anteriormente nunca se había hecho”.

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Para Misael Cipriano si los habitantes de Reforma les hubieran informado de su intención de constituirse en núcleo rural, es seguro que no habría ninguna oposición del pueblo “porque siempre hay necesidades en una comunidad que va creciendo”; pero, dice, no lo hicieron de una manera legal.

“Ahora con esa categoría ellos piensan que, con eso, ya tienen derecho a todo eso. Ya se les manifestó y se les dijo que únicamente su autoridad es administrativa pero sí nos han causado varios problemas por la cuestión de que usurpan funciones”.

Marcelina Roque, María de Jesús Lima y Luis Roque, ganaron amparos en los que se obliga a las autoridades de Reforma a reconectarnos el servicio de agua potable; sin embargo, únicamente lo cumplieron de manera temporal.

El presidente de Bienes Comunales de Santa María Tutla, Misael Cipriano, sostiene que la intención de las autoridades y diputados locales lo que buscan es confrontar a la comunidad y que haya enfrentamientos. Al menos en dos ocasiones, ya se han registrado conatos de violencia y un bloqueo carretero.

“A lo que nos está orillando es a enfrentamientos, pero nosotros no queremos violencia, no queremos heredar eso a nuestros hijos porque sería muy lamentable que en esa situación los dejáramos”.

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