Aarón Pérez Bautista, extitular del Seguro Popular de Oaxaca y actual funcionario del Hospital de la Niñez Oaxaqueña (HNO), tiene dos sanciones vigentes interpuestas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por más de 33 millones de pesos.
Éstas son por responsabilidad resarcitoria y fueron interpuestas por la ASF el 22 de octubre de 2015 por un monto de 30.9 millones de pesos, de acuerdo con el expediente DGRRFEM/D/01/2015/10/0051, y el 5 de enero de 2016 por 2.1 millones de pesos, según el expediente DGRRFEM/D/01/2015/10/0045.
Pese a ello, Pérez Bautista se ha mantenido desde 2012 como funcionario del HNO, donde actualmente funge como coordinador de Hematoncología, pese a que en septiembre de 2015 la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental (SCTG) de Oaxaca informó que fue inhabilitado para desempeñar cargos en la administración pública estatal y municipal.
Pérez Bautista fungió como director del Seguro Popular durante el gobierno Ulises Ruiz. Las sanciones se desprenden de los hallazgos en la auditoría a la cuenta pública de 2010, en la que se localizó un daño a la hacienda federal de 67.4 millones de pesos.
Según la ASF, se desviaron 16.2 millones de pesos de los recursos de la Cuota Social y la Aportación Solidaria Federal 2010 a personal que no está directamente involucrado en la prestación de servicios de atención médica a los afiliados del Seguro Popular y 445 mil 400 pesos por el pago en exceso de las retenciones del ISR a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
También, con recursos de este programa se pagaron 115 mil 663 pesos por recargos y actualizaciones generados por la presentación extemporánea de los enteros de las cuotas al ISSSTE; así como 11.4 millones para el pago de aportaciones patronales.
Además, destinó de manera irregular y a sobre precio 30.9 millones de pesos para el pago de medicamentos que no estaban dentro del Catálogo Universal de Servicios de Salud y por adquirir medicamento con un precio superior al de referencia.
El entonces director general del Seguro Popular también desvió 2.1 millones de pesos, en el año 2010, para el pago de personal de las nóminas de regularizados, de infraestructura y trabajadores administrativos.
Del mismo modo, no comprobó 2.5 millones que presuntamente se utilizaron para servicios proporcionados por terceros y 4.5 millones que supuestamente fueron utilizados para pagar servicios de unidades médicas, de los que no se presentó documentación.
En 2011, la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, en ese entonces a cargo de Perla Woolrich, aseguró que en las auditorías realizadas al gobierno de Ulises Ruiz se encontró que el Seguro Popular, a cargo de Pérez Bautista, no comprobó el destino de mil 297 millones de pesos.
EL UNIVERSAL buscó la versión del funcionario y del HNO, pero no obtuvo respuesta.
