Vive un calvario tras acatar la reforma

“¿Para qué tanto circo?, si íbamos a llegar a esto”, se cuestiona Claudia Castillo López, profesora con casi 24 años de servicio en Oaxaca quien, por acatar la reforma educativa del expresidente Enrique Peña Nieto, hoy vive las represalias  de la Sección 22 del SNTE y del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO).

La docente del nivel de secundaria, originaria de Tehuacán, Puebla, comenzó a impartir clases en escuelas públicas  de la Sierra Norte y  la Mixteca.

 Desde su incorporación al sistema educativo  estatal quedó afiliada a la Sección 22 y  luego de  10 años de trabajo en comunidades, fue asignada en  2013 a una  secundaria en  San Martín Mexicapam, pero  su vida laboral cambió cuando en  2017 obedeció la ley y aplicó una de las evaluaciones docentes en la Ciudad de México.

Platica que  su decisión por acatar la reforma educativa, hoy derogada, provocó que el 12 de julio de 2017 fuera expulsada del plantel por el sector ciudad del magisterio y, desde entonces, continúa sin poder trabajar ahí.

Además de ello, acusa, desde noviembre de ese año el IEEPO mantiene retenidos sus sueldos, pese a que continúa activa en el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y el Gasto Operativo (Fone).

Claudia dice que su decisión por evaluarse fue por obedecer la ley y con el fin de ofrecer un mejor servicio educativo a sus alumnos; sin embargo, esto le trajo problemas laborales y hasta de salud por el hostigamiento y la falta de pago de sus sueldos desde hace un año y medio.

 Ante estas irregularidades, presentó una queja contra el IEEPO ante la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) en  2017  y el 14 de febrero de este año interpuso una demanda laboral ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje.

Ella es una de los 8 mil 517 docentes del nivel básico de Oaxaca que aplicaron el examen del Servicio Profesional Docente.  Según la SEP, del total de docentes evaluados, 2 mil 210 fueron considerados idóneos y 111 directivos.