Reconoce gobierno ínfimo financiamiento a servicios ecosistémicos

El gobierno de Oaxaca reconoció que el financiamiento a la provisión de servicios ecosistémicos en la entidad, que realizan las comunidades, ha sido de ínfimo a nulo en relación al Producto Interno Bruto estatal (PIB).

En un estudio realizado sobre medio ambiente, asegura que el financiamiento es inferior a 0.05 por ciento del PIB estatal.

Lo anterior, señala, implica la desvalorización de los servicios que proporcionan los recursos naturales, ecosistemas, y sistemas de producción sustentable, así como del trabajo que comunidades y ejidos indígenas, asociaciones regionales de productores, silvicultores comunitarios y pequeños propietarios han realizado al adoptar prácticas de uso del territorio que garantizan la provisión de estos servicios.

Desafortunadamente, agrega, estos servicios ecosistémicos han sido poco conocidos y entendidos en su complejidad por la sociedad beneficiada y particularmente “por los diseñadores de políticas públicas, generando costos ambientales (externalidades negativas) que generalmente no figuran en el sistema de precios de intercambio de bienes y servicios, pero que repercuten en la calidad de vida de los habitantes del estado y su acceso a bienes y servicios básicos”.

En su estudio, también reconoce que en la historia reciente en la entidad se observa que en todos los niveles de gobierno ha prevalecido una desarticulación entre políticas públicas y conflictos ambientales.

La desarticulación en el gobierno, asegura, ha ocasionado que la institucionalidad ambiental esté muy vulnerada y que, al no ser una prioridad en la agenda pública, su marco regulatorio sea obsoleto y, en algunos casos, presente ambigüedades, lagunas y vacíos legales que ocasionan obstáculos e impedimentos en la actuación de la autoridad reguladora en materia ambiental.

A lo anterior debe agregarse que, en el pasado, la no incorporación del tema ambiental en la planeación y toma de decisiones en materia de política pública dio como resultado que no se priorizara un equilibrio entre el desarrollo económico y el uso, conservación y protección de los recursos naturales estatales y los servicios ecosistémicos que estos proveen, ocasionando su deterioro y pérdida.

De la superficie total estatal, 529 mil 985.75 hectáreas corresponden a Áreas Naturales Protegidas (ANP’s), según datos del gobierno del estado.

Las ANP’s estatales, fueron decretadas por el Poder Ejecutivo y son consideradas espacios naturales que tienen el objetivo de conservar un tipo de ecosistema en particular, mediante el mantenimiento de los procesos ecológicos necesarios para su preservación.

“Sin embargo, estas áreas presentan procesos de degradación y están en constante peligro de deforestación debido a actividades antropogénicas, particularmente por el incremento de la frontera agrícola-ganadera y el crecimiento de la mancha urbana, poniendo en riesgo una gran riqueza de especies de flora y fauna en su haber, muchas de ellas endémicas de las regiones”.

También advierte la fragmentación y degradación de ecosistemas, el tráfico de especies, los incendios, las plagas y enfermedades forestales, la falta de planeación territorial eficaz (con un crecimiento urbano no planificado), la demanda de servicios ecosistémicos y los conflictos sociales, “se han transformado en causales de pérdida de ecosistemas y biodiversidad y han ejercido una fuerte presión sobre el acervo de recursos naturales con que cuenta el estado”.