A 4 años, autoridades de Oaxaca siguen sin cumplir sentencia, ni sanear ríos Atoyac y Salado; piden destitución
En 2018, se ordenó a 18 autoridades de los 3 niveles tomar acciones para sanear ambos cauces, pero hasta la hecha no lo han hecho, por lo que Litigio Estratégico busca su destitución y castigo legal
Oaxaca. de Juárez.– Apoco más de cuatro años, titulares de diferentes dependencias de los gobiernos federal, estatal y municipal continúan sin cumplir con la sentencia de amparo en la que se les ordena sanear y rescatar los ríos Atoyac y Salado.
Litigio Estratégico Indígena, organización que promovió el amparo, busca demandar ante un juez federal la inejecución de la sentencia para que el caso llegue a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y con ello se destituya a funcionarios responsables y se inicie un proceso en su contra, con penas de cuatro a ocho años de cárcel.
En marzo de 2018, la asociación civil ganó un amparo, tras dos años de lucha, con el cual el Poder Judicial de la Federación ordenó a 18 autoridades federales, estatales y municipales tomar acciones para sanear y preservar ambos cauces.
Fotos: Edwin Hernández
El fallo a favor de los ríos Atoyac y Salado representó un avance no sólo por la trascendencia de ganar un amparo para la protección del ambiente, sino porque obligaba a las autoridades a tomar acciones efectivas.
Los responsables
Las autoridades responsables señaladas incluían a los titulares del Organismo Cuenca Pacífico Sur de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), a la Conagua, a la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa), el gobierno de Oaxaca, a la Comisión Estatal del Agua (CEA) y a 14 ediles, entre ellos, el de Oaxaca de Juárez. Recientemente, también se agregó al Consejo de Cuenca de la Conagua como responsable.
“Seguimos igual. Las autoridades municipales, estatales y federales informan las acciones que dicen están realizando, pero que todo se limita a reuniones de trabajo, no en acciones sustantivas. Hasta el momento no hay ningún avance mínimo sobre el cumplimiento de la sentencia de amparo”, asegura Carlos Morales Sánchez, presidente de Litigio Estratégico.
El abogado detalla que tanto autoridades estatales como federales han justificado el incumplimiento asegurando que la pandemia es un obstáculo para acatar la sentencia.
Sin embargo, sostiene que en realidad no hay ninguna voluntad política para cumplirla, sobre todo si se toma en cuenta que ni el Congreso de Oaxaca ni la Cámara de Diputados federal asignaron un sólo peso para el rescate de los ríos.
Mientras que de los 14 municipios, algunos se han defendido con el argumento de que no arrojan sus descargas de aguas residuales a los ríos y otros asegurando que no tienen posibilidad financiera, ni legal para realizar acciones como obras de infraestructura, es decir, que esto les corresponde a instancias federales y estatales.
Entonces, se han limitado a realizar trabajos de limpieza o tequios, lo cual han presentado como prueba ante el juez para afirmar que están cumpliendo con la sentencia de amparo.
“De quienes esperaríamos más es de los municipios aledaños al río como la ciudad de Oaxaca, Xoxocotlán, Telixtlahuaca, entre otros de los Valles Centrales. Pero tampoco hemos visto alguna acción que permita apreciar la voluntad de cumplimiento del amparo”, afirma Carlos Morales.
Buscan sanciones
El presidente de Litigio Estratégico Indígena menciona que han pedido al juez de distrito que inicie un procedimiento de inejecución de sentencia de amparo, con el fin de que el asunto sea llevado a la última instancia, la SCJN, y se establezcan las sanciones a los responsables.
“Sin embargo, el juez de distrito ha sido una autoridad cautelosa que ha ido dando plazos, plazos y plazos para que las autoridades de alguna manera cumplan”, apunta.
También explica que, de iniciar este procedimiento, concluiría necesariamente con la separación del cargo de los responsables, además de su puesta a disposición del Ministerio Público. Opina que los funcionarios esperan eludir su responsabilidad al dejar el cargo, pero advierte que no es así.
“Es posible que en estos años hayan logrado heredar el problema a las nuevas administraciones tanto municipales como del estado, pero finalmente todas las autoridades que incumplieron serán llamadas en este procedimiento de inejecución", asegura.
Carlos Morales estima que todavía este proceso se extienda algunos años más y que será la SCJN la que tendrá que determinar la responsabilidad penal de las autoridades omisas.
