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La fiscal Areceli Pinelo explica que aún no se ha llegado a ninguna sentencia porque es relativamente reciente la incorporación de estos delitos en el Código Penal, y que anteriormente se castigaban sólo por la vía administrativa o por órganos jurisdiccionales relacionados con la materia. Actualmente, apunta, algunos asuntos aún están en la etapa de investigación, otros en la etapa intermedia, en proceso de audiencias o bajo el procedimiento abreviado.
El 87% de los casos, agrega, están determinados; esto, afirma, que ya están en la posibilidad de finalmente llegar a una sentencia. “Mira, hay casos que nosotros llevamos como se lleva cualquier delito”, dice.
Pero también advierte que, por ser delitos penales recientes, aún enfrentan algunas dificultades para establecer algunos criterios en las etapas de investigación o para acreditar los delitos e incluso, cómo serán tratados por los jueces.
Porque eso va a marcar, puntualiza, que se tengan más antecedentes y mucho más criterios para ir sobre una base segura: “estos delitos nuevos apenas introduciéndose y marcándose, como van fortaleciéndose en ese sentido”.
En lo que va del año 2024, se han iniciado 10 carpetas de investigación: seis en municipios de la región Valles Centrales, dos por casos en municipios de la Sierra Sur, una en la Mixteca y una más en la Costa. Por municipio, son dos en Santa Lucía Ocotlán, una en Santa Cruz Xoxocotlán, una en Santa Cruz Papalutla, una en Oaxaca de Juárez, una en San Juan Guelavía, una en San Juan Lajarcia, una en Santa Catarina Juquila, una en San Martín Peras y una en San Pedro Mixtepec. Seis de este total de casos fueron en municipios que se rigen en sistemas normativos indígenas y cuatro en municipios bajo el sistema de partidos políticos.
El 65 por ciento de los casos registrados en 2024 (del 1 de enero al 27 de febrero) las víctimas son regidoras, el 14 por ciento diputadas locales, el 14 por ciento regidoras suplentes, y el siete por ciento, precandidatas.
“El mayor número de denuncias que hay es precisamente de mujeres, que ya están en ejercicio de cargo, vemos que el mayor número son regidoras. Siempre el hostigamiento o el acoso, o esta parte de la obstrucción de su cargo por los mismos integrantes del Cabildo, del presidente municipal, del síndico o de sus mismos compañeros regidores. También tenemos a agresores señalados que son mujeres, es decir, la presidenta o una síndica municipal”.
La fiscal Araceli Pinelo señala que por la incidencia delictiva en los registros de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, las regiones con el mayor número de denuncias presentadas son Valles Centrales y Mixteca.
Por eso, dice, se ha tenido que centrar la capacitación a Agentes del Ministerio Público de las Vice fiscalías Regionales de esas dos regiones en el delito de Violencia Política Contra las Mujeres en Razón de Género, con el fin de que conozcan cuáles son las principales conductas y cómo debe ser la ruta de atención.
